El Gobierno Nacional dispuso la suspensión inmediata de toda la actividad minera en la provincia amazónica de Napo, una de las zonas más afectadas del país por la minería ilegal. La medida fue confirmada este lunes, 2 de febrero, por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien señaló que no existe una fecha definida para la reanudación de las operaciones.
Según explicó la funcionaria, en Napo se ha detectado un uso irregular de concesiones mineras, donde permisos otorgados para minería artesanal o de pequeña escala son cedidos a terceros, facilitando explotaciones ilegales a gran escala.
En la provincia existen más de 150 concesiones que abarcan más de 35.000 hectáreas, pero colectivos ambientales advierten que la actividad contaminante persiste tanto dentro como fuera de concesiones formales.
Durante 2025, la Fiscalía recibió 33 denuncias por minería ilegal en Napo y la Agencia de Regulación y Control Minero mantiene a esta provincia dentro del grupo de puntos críticos a nivel nacional.
Organizaciones como Napo Ama la Vida alertan sobre la contaminación de ríos como el Jatunyacu y el Anzu, así como la expansión de frentes mineros sin permisos en zonas como Talag, en el cantón Tena.
Ante este escenario, Manzano anunció que convocará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para abordar de manera integral la crisis ambiental y de seguridad en la provincia.
Cierre de 80 plantas de beneficio minero en Portovelo
De forma paralela, la ministra informó que desde este lunes también quedan suspendidas las operaciones de 80 plantas de beneficio minero en Portovelo, cantón minero de la provincia de El Oro. Se trata de instalaciones dedicadas al procesamiento de oro, ubicadas principalmente a orillas de los ríos Amarillo y Calera.
La decisión consta en una resolución firmada el mismo día y responde a los riesgos ambientales y de contaminación asociados a estas plantas. La ministra Manzano indicó que la suspensión busca prevenir mayores daños a los ecosistemas y fortalecer el control sobre la actividad minera en una de las zonas históricamente más sensibles del país.
El Gobierno señala que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar la minería ilegal, proteger los recursos naturales y recuperar el control territorial, mientras se evalúan medidas de remediación ambiental y control permanente.
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