El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, rechazó las acusaciones durante la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, convocada este martes para evacuar las pruebas documentales del juicio político que se sigue en su contra. El funcionario negó de forma categórica cualquier vínculo con organizaciones delictivas.
La diligencia fue declarada reservada debido a la presentación de documentación con carácter confidencial remitida por la Superintendencia de Compañías, lo que obligó a restringir el acceso de la prensa y del público, así como a suspender la transmisión en vivo mientras se analizaba ese material probatorio.
“No tengo ningún nexo con grupos delincuenciales”
A su salida de la sesión, Godoy aseguró que ha sido objeto de un “linchamiento mediático” durante el último mes y cuestionó la solidez de las acusaciones en su contra. “No tengo ningún nexo con ningún grupo delincuencial. Lo niego categóricamente y no existe ninguna prueba que me conduzca a eso”, afirmó.
El funcionario sostuvo que una parte significativa del material presentado por los legisladores proponentes se basa en artículos periodísticos, testimonios y material audiovisual sin pericias técnicas. En ese sentido, señaló que no existe certeza sobre la autenticidad de las voces o identidades en los audios difundidos y advirtió sobre la incorporación de nuevas pruebas cuya obtención podría vulnerar derechos constitucionales.
Godoy insistió en que la prueba debe ser valorada con rigurosidad jurídica, incluso dentro de un proceso de control político, y recalcó que la flexibilidad propia de estos trámites no puede estar por encima de las garantías constitucionales de las personas involucradas.
RC sustenta sus pruebas en presuntas presiones al juez Serrano y en roles de Dolores Vintimilla y Henry Gaibor
Los legisladores de la Revolución Ciudadana centraron la presentación de sus pruebas en presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, así como en los roles de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, y Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y colaborador cercano del funcionario.
La práctica de la prueba se extendió por casi tres horas en la Comisión de Fiscalización y se desarrolló en presencia del propio Mario Godoy, quien asistió a la diligencia mientras los legisladores proponentes evacuaban 23 pruebas documentales y 12 audiovisuales. Parte de la sesión fue declarada reservada por la exposición de información considerada sensible.
Los asambleístas Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Raúl Chávez y Xavier Lasso expusieron noticias periodísticas, documentos y audios relacionados con la denuncia presentada por el juez Serrano en diciembre de 2025, quien afirmó haber recibido presiones para incidir en la sentencia del caso contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos.
Según los proponentes, dichas presiones habrían sido canalizadas a través de Henry Gaibor, quien —de acuerdo con los audios reproducidos— habría sugerido al juez “prestar atención” a la defensa del procesado. En ese contexto, los legisladores recordaron que Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, fue abogada de Srdan en la fase preprocesal, lo que —a su criterio— configuraría un conflicto de intereses.
El correísmo también cuestionó que, tras las denuncias del juez Serrano, Gaibor renunciara a su cargo y que el Consejo de la Judicatura, presidido por Godoy, aceptara la renuncia sin iniciar un proceso disciplinario, lo que fue calificado como una medida de protección y no de sanción.
Durante la exposición, los legisladores señalaron además otros presuntos episodios de presión judicial, como el caso de la jueza Nubia Vera, quien denunció haber recibido una sentencia preelaborada para fallar en contra de una acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad. En ese contexto, se reprodujeron audios que vincularían a exfuncionarios cercanos a Godoy.
Los proponentes sostienen que estos hechos configuran un incumplimiento del artículo 168 de la Constitución, que obliga a garantizar la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia, y reiteraron su pedido de responsabilidad política contra el presidente del Consejo de la Judicatura.
Desarrollo del proceso
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), señaló que la evacuación de pruebas se realiza bajo criterios jurídicos y garantías procesales, y que la reserva busca proteger información sensible.
Entre los elementos que analiza la Comisión constan actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionadas con la designación de Godoy como vocal del CJ, así como referencias al caso del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, cuyo proceso judicial es citado como eje central de las acusaciones.
La defensa de Godoy sostiene que el funcionario compareció para responder a las imputaciones y defender su honra, mientras que el correísmo mantiene que la documentación presentada evidencia presiones indebidas y fallas en la transparencia judicial. El trámite continuará con la evacuación integral del acervo probatorio, antes de que la Comisión emita su informe para el Pleno de la Asamblea.
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