El jurista Gonzalo González, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, lamentó el laudo arbitral que sentenció al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización por USD 412 millones a favor de la petrolera Anglo–Francesa Perenco. Pero apuntó que el problema nace desde el propio Estado ecuatoriano: “Perdemos porque se irrespetan los contratos…no se pueden violar las reglas del juego, más allá de las decisiones económicas de los gobiernos”
En el año 2006, el Congreso Nacional de la época aprobó la denominada Ley 42 que modificó la naturaleza de los contratos de participación que estaban vigentes entre el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras, estableciendo el pago de al menos el 50% sobre las ganancias extraordinarias, porcentaje que se elevó al 99% en el 2007, mediante un reglamento expedido por el gobierno de Rafael Correa.
“Semejante porcentaje equivalía a la expropiación de la compañía…Había que sentarse a conversar, las empresas estaban abiertas a un proceso de negociación… El problema no es el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – Banco Mundial), sino que las leyes no pueden afectar de tal manera la naturaleza de contratos previamente firmados”, sostuvo González.
Frente a ello, no se mostró extrañado de que el Tribunal Arbitral haya emitido un laudo a favor de Perenco, que pone en aprietos a la caja fiscal. Gonzalo González advirtió que tras este arbitraje a favor de Perenco, se espera el pronunciamiento sobre la demanda presentada por la petrolera Burlington, y posteriormente el resultado del arbitraje en el denominado caso Singue, que la empresa contratista planteó ante la Corte de la Haya: “Calculo que todos estos arbitrajes, si perdemos, le podrían costar al Estado ecuatoriano alrededor de USD 600 millones adicionales”.
