Guayaquil despide este 1 de enero de 2025 a los hermanos Ismael Arroyo (15 años) y Josué Arroyo (14 años); y sus amigos, Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes estaban desparecidos desde el pasado 8 de diciembre tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y cuya muerte fue confirmada este martes, 31 de diciembre.
Los familiares de los cuatro niños retiraron los restos de sus cuerpos de la morgue de Guayaquil la noche del martes 31 de diciembre, una vez que las pericias legales confirmaron su identidad.
Los cuerpos de los menores, velados en sus casas en Guayaquil, serán sepultados la tarde de este 1 de enero.
La jueza Tanya Loor dio 10 días de plazo al Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Defensa, ofrezca disculpas públicas a las familias de los cuatro niños.
Así consta en la resolución del habeas corpus solicitado por las familias y el Comité Permanente de Derechos Humanos, que se conoció este 31 de diciembre.
La jueza indicó que con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y evitar que estos hechos se repitan, el “Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional realice un acto público de reconocimiento en relación con los hechos del presente caso en el que se incluya las disculpas públicas a las víctimas indirectas”.
Dicho acto deberá difundirse en cadena nacional en un horario de máxima audiencia en televisión.
El Gobierno Nacional reaccionó al crimen de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, siete horas después de que la Fiscalía General confirmara que los cuerpos sin vida encontrados en una zona cercana a la Base Aérea de Taura correspondían a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por una grupo de 16 uniformados el pasado 8 de diciembre.
El Ministerio de Defensa difundió un comunicado a través de su red social X, donde “se comprometió para esclarecer el hecho y dar con los responsables del asesinato”, señaló el texto.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior aseguró que la Policía Nacional, como entidad adscrita a esa cartera de Estado, “se encuentra presta a continuar con su labor como órgano auxiliar en las investigaciones de carácter penal que dirige la Fiscalía, en respeto total a los estándares internacionales y la normativa nacional legal vigente”, precisó un comunicado.
La noche de este martes, la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Lena Savelli, instó a una “investigación rápida” del crimen de los cuatro menores de Las Malvinas.
“Nunca es momento para tan dolorosa noticia, menos hoy. Hago votos por una investigación rápida, eficaz y transparente, que lleve hacia los responsables, y que impida que algo así vuelva a ocurrir. Mi corazón está con las familias de las víctimas”, dijo Savelli en la red social X.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
Los 16 militares involucrados recibieron este martes orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional y exigió justicia por el caso.
“El Legislativo exige justicia y se solidariza con las familias de los niños y adolescentes asesinados. Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, publicó el Parlamento en un comunicado.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos se solidarizó también con los familiares de los adolescentes y llamó a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general a evitar cualquier forma de revictimización y estigmatización.
«Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad», declaró la institución.
Mientras, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
Candidatos presidenciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
