Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
El decreto ejecutivo No. 111 que declara el estado de guerra interna en el Ecuador suscrito el pasado 9 de enero por el presidente Daniel Noboa Azín, para combatir a 22 organizaciones “terroristas” constituye un punto de inflexión que cambia la correlación de fuerzas a favor del primer mandatario, y también de las Fuerzas Armadas, por dos razones.
La primera, Noboa da el golpe de timón y desbarata las críticas a su gestión por la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito” líder de los “Choneros”, quien pese a todo el despliegue de seguridad sigue prófugo, permitiéndole un colchón de legitimidad sobre el que ya se plantea un proyecto de ley económica para incrementar del 12 al 15% el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que de acuerdo con el tributarista, Napoleón Santamaría, generaría un ingreso anual al fisco de 2.040 millones de dólares.
La segunda, las Fuerzas Armadas echan tierra sobre la participación de importantes sectores de esa institución en la captadora ilegal de dinero Big Money en Los Ríos, dirigida por un ex militar, Miguel Ángel Nazareno, alias “Don Naza”, hoy asesinado, y que constituye el segundo escándalo de este tipo protagonizado por personal militar, luego de lo ocurrido con el notario de Machala, allá por el año 2006.
Al parecer el “ganar-ganar” propio de la lógica empresarial hoy se trasladó a la política, en un contexto donde además la ciudadanía ya clamaba la participación de los militares en la lucha contra los hasta antes del Decreto 111 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), quienes sin embargo -hasta el medio día- de este 12 de enero continuaban en control de las cárceles, donde 170, entre agentes de seguridad penitenciaria y personal administrativo, permanecían retenidas en los centros de privación de libertad de El Oro, Cotopaxi, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas.
A nivel constitucional y legal, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional ya se ha venido discutiendo desde hace varios años. En 2015, por ejemplo, se aprobó una enmienda constitucional vía parlamentaria, en este sentido, que luego fue desmantelada en la consulta popular de 2018.
Asimismo, la Asamblea Nacional cesada por la “muerte cruzada” de mayo de 2023, tiene listo un proyecto de enmiendas sobre el mismo tema que ya tiene el dictamen favorable de la Corte Constitucional e irá a las urnas muy posiblemente de manera paralela a la consulta popular que impulsa el presidente Noboa y también incluirá cuestiones de seguridad.
Lo cierto es que si hay alguna institución que estudie metódica y sistemáticamente el tema del «poder» en todas sus dimensiones y formas de despliegue, esa institución son las Fuerzas Armadas. Sus integrantes, no solo son formados -desde los primeros años- en función de una exclusión (simbólica más que real) del mundo civil, sino que permanentemente están administrando -desde la estrategia y la táctica (para usar su terminología)- el monopolio legítimo de la fuerza. Representan y se auto representan -según lo señalan algunos estudios de la cultura política en el Ecuador- como el único proyecto nacionalista no caudillista.
Proyecto que en la década del 70, bajo la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, puso fin justamente al quinto velasquismo y tuvo su auge gracias al boom petrolero y su traducción concreta en una ingente obra pública.
Su participación en los conflictos bélicos de Paquisha (1981) y del Alto Cenepa (1995) contra el vecino país de Perú, convirtieron a las Fuerzas Armadas en un “ejército vencedor” en el imaginario colectivo, lo que le granjeó una dosis de legitimidad ante la ciudadanía que aupó su incursión directa en la vida democrática nacional. Primero como árbitros de la clase política en las crisis de régimen que terminaron de forma anticipada con los gobiernos de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005); y segundo, a través de la llegada al poder de este último en el año 2002.
Paradójicamente, Gutiérrez, quien había sido el principal protagonista junto con la CONAIE del levantamiento que derrocó a Mahuad en el 2000 -luego del congelamiento de depósitos y la adopción del dólar como moneda de circulación nacional- corrió la misma suerte siendo derrocado en abril de 2005 luego de un paro nacional liderado por los entonces alcaldes de Quito, Paco Moncayo, y Guayaquil, Jaime Nebot, así como el denominado movimiento “forajido”, luego de promover la toma de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar el retorno al país del ex presidente, Abdalá Bucaram, sentenciado por corrupción.
De acuerdo con el último informe de la corporación Latinobarómetro 2023, que mide la calidad de la democracia en 18 países de la región, “la demanda en América Latina por un gobierno militar ha crecido (…) desde un 24% en 2004 a un 35% en 2023. El máximo obtenido, dice el documento, es en 2023 (35%) y el mínimo en 2004 y 2009 (24%). Paraguay lidera la tabla en este indicador con un 64%, seguido de Guatemala (55%) y Ecuador (50%). También se observan altos niveles de apoyo a esta opción en Perú (44%), Honduras (43%) y México (42%).
En total, son seis los países latinoamericanos que no miran tan mal a un gobierno militar y son los mismos que ya hemos identificado como vulnerables en su apoyo a la democracia. Esto termina de confirmar su estado de recesión democrática, concluye el Latinobarómetro 2023.
En este escenario, el “ganar-ganar” del gobierno y de las Fuerzas Armadas al declarar como terroristas a 22 GDO´s sella con broche de oro con un anunciado apoyo de los Estados Unidos, cuyo embajador en Ecuador, desde hace dos años ya viene denunciando la infiltración del narcotráfico en varios ámbitos como la Policía Nacional, los medios de comunicación e incluso los equipos de fútbol, actores que de acuerdo con una última resolución de la UAFE deberán justificar sus ingresos.
Todo suma para que regrese la paz a nuestro país. Estrategia o no, serán los resultados en el mediano y largo plazo, los que colocarán a estos actores en su respectivo sitial de la historia nacional.
La opinión de Wilson Benavides.
