La pugna por el control del Consejo de la Judicatura (CJ) se intensificó este lunes 9 de febrero de 2026. El Ministerio de Trabajo reportó formalmente que Alexandra Villacís, vocal suplente de la presidencia del organismo, tiene prohibido ejercer cargos públicos. Según el sistema oficial, la funcionaria arrastra deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Convocatoria relámpago en el CPCCS
Tras conocerse el impedimento, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) reaccionó de forma inmediata. El organismo convocó a una sesión extraordinaria virtual para este martes 10 de febrero, a las 16h00. El objetivo central será analizar un oficio enviado por el director general del Consejo de la Judicatura.
Dicho documento propone activar el mecanismo de selección para un nuevo vocal suplente. Este proceso se enfocará en la terna enviada originalmente por la Corte Nacional de Justicia. La celeridad del CPCCS sugiere una intención de resolver el vacío legal antes de que se concrete el juicio político contra el titular actual, Mario Godoy.
Controversia y desmentidos dentro de la Judicatura
A pesar del movimiento en el CPCCS, el vocal de la Judicatura, Fabián Fabara Gallardo, lanzó una fuerte advertencia. Fabara aclaró que el Pleno del CJ todavía no toma ninguna decisión sobre la situación de Villacís. Según el vocal, los consejeros ni siquiera conocen formalmente los oficios que el director general remitió al CPCCS.
Esta falta de consenso interno sugiere una fractura administrativa en la Judicatura. Fabara enfatizó que no se ha resuelto oficialmente quién debe subrogar a Mario Godoy durante su actual periodo de licencia. La situación genera incertidumbre sobre la validez de los pedidos enviados al organismo de participación ciudadana.
Villacís presenta pruebas de descargo
Por su parte, Alexandra Villacís desmintió las acusaciones de morosidad mediante sus canales oficiales. La funcionaria publicó un certificado del SRI, emitido este mismo lunes 9 de febrero, donde consta que no posee obligaciones tributarias pendientes. Con este documento, Villacís intenta demostrar que su inhabilitación en el sistema del Ministerio de Trabajo carece de sustento técnico.
La funcionaria insiste en que su situación fiscal está en regla y que los impedimentos registrados son erróneos o manipulados. Este cruce de documentos oficiales entre el SRI y el Ministerio de Trabajo añade un tinte de sospecha sobre el proceso de desvinculación de la vocal suplente.
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