Por:  Wilson Benavides Vásquez, analista político

La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de acoger el pasado viernes una investigación de la Fiscalía General del Estado y suspender al movimiento AMIGO, ad portas del cierre del registro de alianzas para los comicios seccionales de noviembre próximo, sienta un peligrosísimo precedente para la vigencia del sistema democrático en Ecuador.

No se trata de incumplir lo establecido en el Código de la Democracia ni de bloquear investigaciones en curso, sino del efecto político de esta decisión que, por lo pronto, dejaría fuera de la papeleta a los candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana quienes iban a participar bajo el paraguas de la lista 16.

La decisión del TCE no solo ha levantado suspicacias en distintos sectores de opinión sino que también a develado la coherencia de varios actores políticos y mediáticos que hasta hace pocos años la hubiesen condenado enérgicamente y hoy miran hacia otro lado.

Tal parece que esa es la nueva lógica con la que actúan actores e instituciones para generar las condiciones necesarias para la consolidación de modelos políticos de corte autocrático.

¿Pero esto es importante para el común de los ciudadanos?

Según datos de la última medición del Latinobarómetro (2024) que evalúa la democracia en 18 países de la región, Ecuador lidera el ranking entre los países que preferirían un gobierno autoritario “qué resuelva los problemas” por sobre uno democrático que no dé resultados en la práctica.

Bajo la lógica del Conflicto Armado no Internacional (CANI, en términos castrenses) decretado por el presidente Noboa desde hace más de dos años, es evidente que desde el poder se creó la necesidad de encumbrar y consolidar en el poder a un gobierno de este estilo, algo además que forma parte de una estrategia regional del retorno de las derechas como el caso de nuestro país, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, entre otros.

Lo curioso de esta estrategia de derechización de Sudamérica, acorde también a la nueva política de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es que a nivel de las prácticas electorales reeditan casi milimétricamente las acciones de los denominados “populismos de izquierda radical” como el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro.

En este país, por ejemplo, se encarceló opositores, se persiguió periodistas y sobre todo en época electoral, sus instituciones inclinaban la balanza para facilitar las “abrumadoras” victorias del PSUV, mediante la sistemática proscripción de los partidos y candidatos de la oposición, a tal punto que en los últimos comicios presidenciales, organizaciones como la OEA o la Unión Europea encendieron las alarmas sobre la poca o nula transparencia de los mismos, en los que el opositor Eduardo González Urrutia, se declaró ganador.

En la práctica, que las denominadas “nuevas” derechas acojan los mismos vicios de las “viejas” izquierdas que decían cuestionar, refleja que el autoritarismo sigue siendo tal, independientemente de la careta con la que aparezca.