El Departamento de Tecnologías y Comunicación de la Asamblea Nacional reportó, en un informe técnico, que cuatro curules fueron operadas desde una misma dirección IP durante la votación de la moción de destitución del presidente Guillermo Lasso, realizada el pasado 28 de junio de 2022, en la sesión N° 782 del Pleno.
Se trata de las curules de los legisladores Marlon Cadena, Wilma Andrade y Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática (ID), y del asambleísta de CREO, Guido Chiriboga. El día de la votación, los parlamentarios denunciaron que su curul fue manipulada y que no se permitió registrar su voto.
Wilma Andrade (ID) solicitó la rectificación, pues su curul se pintó de verde cuando ella quería votar en contra de la moción de destitución del Ejecutivo. Después se sumaron las quejas de los legisladores Cadena, Bacigalupo y Chiriboga.
Tras las denuncias, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, solicitó un informe técnico y anunció una investigación al respecto.
Informe Técnico
El documento de Tecnologías de Información y Comunicación del Parlamento determina que existe una dirección IP y un identificador ID en común. Estos elementos hicieron conexiones entrantes a dichas curules virtuales. La dirección IP es 201.183.165.109 y el identificador ID de Anydesk, 801287839.
Estos vínculos, al parecer, ocurrieron entre las 17:07 y las 21:37 del 28 de junio, mientras se desarrollaba la sesión.
El informe aclara también que no se evidenció ningún acceso a los servidores que proporcionan la funcionalidad del sistema. Por lo tanto, la integridad del sistema de curul electrónica no se vio afectada.
Concluye que el sistema mantiene sus niveles de confiabilidad y seguridad. Recomienda elaborar un plan para reforzar las seguridades en el acceso a las curules de los asambleístas.
Respuesta de los legisladores
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice un peritaje para identificar la dirección IP.
Wilma Andrade señaló que esto refleja una “intencionalidad de restarnos credibilidad frente a la opinión pública”. Agregó que se trata de un delito que pretendía desestabilizar la democracia en el Ecuador.
