El informe que recomendará o no el inicio del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, podría estar listo antes del feriado de carnaval, de acuerdo con el cronograma de sustanciación que se desarrolla en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Godoy enfrenta un proceso político impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana, que lo acusa de presunto incumplimiento de funciones por no garantizar la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia, conforme al artículo 168 de la Constitución.
Cronograma del proceso
El calendario fija que la presentación de pruebas de cargo y descargo se realiza entre el 17 y el 31 de enero de 2026. Luego, la actuación de pruebas se desarrollará del 1 al 10 de febrero, periodo en el que se recibirán comparecencias y se practicará la prueba anunciada.
Concluida esa fase, la Comisión contará con cinco días (del 11 al 15 de febrero) para elaborar y remitir el informe a la Presidencia de la Asamblea. La normativa permite una prórroga de cinco días; de aplicarse, el documento debería notificarse hasta el 20 de febrero. Posteriormente, el informe será distribuido a los asambleístas en dos días, y la Presidencia del Parlamento tendrá hasta cinco días para incluir el tema en el orden del día del Pleno.
Con el calendario en curso, la definición sobre archivar el trámite o recomendar el enjuiciamiento político de Godoy quedará en manos del Pleno de la Asamblea, una vez conocido el informe de la Comisión.
Acusaciones y respaldo político
Según los proponentes, Godoy habría ejercido presiones indirectas a través de un colaborador cercano para influir en decisiones del juez anticorrupción Carlos Serrano, con el objetivo de favorecer a Jezdimir Srdan, ciudadano serbio procesado por delitos de narcotráfico y excliente de Dolores Vintimilla, esposa del titular de la Judicatura. Estas acusaciones forman parte del expediente que analiza la Comisión.
Tanto en el Consejo de Administración Legislativa como en la Comisión de Fiscalización, el trámite ha contado con el respaldo de legisladores de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional, quienes han anunciado que participarán activamente en la etapa probatoria y presentarán solicitudes antes de definir su posición final.
Pruebas y comparecencias
El expediente incluye la incorporación de 23 piezas informativas provenientes de medios nacionales e internacionales, plataformas digitales y redes sociales, seleccionadas por pertinencia temática, secuencia temporal y diversidad de fuentes.
Estos insumos aluden a denuncias públicas sobre presiones internas en la Función Judicial, la situación y salida del juez Serrano, la difusión de audios que evidenciarían injerencias, pronunciamientos gremiales y cuestionamientos a la gestión de la Judicatura, así como condiciones de seguridad de jueces anticorrupción.
Además, se prevé la recepción de 19 testimonios de exautoridades y vocales de la Judicatura, jueces y exjueces (incluida la Unidad Anticorrupción), autoridades judiciales en funciones, exfuncionarios legislativos, abogados, analistas y periodistas.
La Comisión también ha solicitado documentación certificada a diversas entidades del Estado, entre ellas resoluciones, actas, audios y videos del pleno de la Judicatura, expedientes disciplinarios, información laboral de servidores judiciales y certificaciones societarias de la Superintendencia de Compañías.
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