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Informes internacionales denuncian abusos militares en Ecuador tras la militarización

Reportajes de The Guardian y Al Jazeera revelan graves violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto armado interno. Los informes vinculan las agresiones a las operaciones del Plan Fénix.

El escenario de violencia sistémica que afronta Ecuador desde el 9 de enero de 2024 concentra la atención de la prensa internacional. Publicaciones de los medios internacionales The Guardian y Al Jazeera exponen denuncias sobre graves vulneraciones cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Ambas cadenas globales coinciden en señalar casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los reportajes documentan que estos delitos ocurren bajo la vigencia de la estrategia oficial denominada Plan Fénix, liderada por el presidente Daniel Noboa.

Denuncias de desaparición forzada documentadas por prensa británica

Un extenso reportaje de la periodista Harriet Barber para el diario británico The Guardian recopiló afectaciones a la integridad ciudadana. La investigación señala que al menos 51 personas resultaron víctimas de desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

El medio europeo detalló agresiones específicas como la detención de los menores Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, y Jostin Elian Álvarez Chávez, de 17 años. Una patrulla militar sacó a ambos primos de su vivienda durante una incursión armada.

Fernando Bastias, abogado defensor de los familiares de los afectados, cuestionó la impunidad reinante ante los micrófonos del diario inglés. El jurista denunció la existencia de docenas de ejecuciones y torturas que las instituciones judiciales no investigan adecuadamente.

Por su parte, la activista de Amnistía Internacional, Camila Ruiz Segovia, criticó el ocultamiento de datos por parte de las autoridades. Ruiz aclaró que el Ejército cataloga la información operativa como confidencial bajo el argumento de proteger la política de seguridad presidencial.

The Guardian analizó también el respaldo financiero y logístico que otorgan Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea al Gobierno local. El eurodiputado francés Anthony Smith rechazó este apoyo internacional tras advertir que la lucha antinarcóticos no justifica vulnerar el estado de derecho.

Casos de violencia y tortura expuestos por Al Jazeera

La cadena internacional Al Jazeera profundizó en el impacto social de la militarización mediante sus plataformas documentales Fault Lines y el podcast The Take. El productor Jeremy Young investigó la desaparición del ciudadano Jonathan Villón, ocurrida en Guayaquil el 9 de diciembre de 2024.

Su cónyuge, Yadira, relató que una patrulla interceptó a Villón mientras el ciudadano caminaba a comprar víveres para el hogar. La testigo denunció que los soldados acostaron a su esposo en el balde de una camioneta y la amenazaron apuntándole con una pistola.

El mando militar negó el despliegue de contingentes en la zona durante esa jornada específica. Sin embargo, grabaciones de video y la confesión del conductor del vehículo alquilado por los uniformados ratificaron la captura de Villón.

La cadena televisiva abordó además el crimen cometido contra cuatro niños en el sector de Las Malvinas 4, al sur de Guayaquil. Una patrulla compuesta por 16 miembros de las Fuerzas Armadas retuvo ilegalmente a los menores de edad.

Días después de la captura, los familiares hallaron los cuerpos calcinados de los infantes en una zona rural de la parroquia Taura, en Naranjal. Este caso constituye el único proceso penal con sentencia, donde los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibieron condena.

Incremento de homicidios en medio de la militarización

Las investigaciones periodísticas concluyen que la presencia permanente de los militares en las calles no detuvo la violencia criminal en el país. Las estadísticas oficiales muestran que la criminalidad alcanzó niveles históricos durante el periodo de vigencia del decreto de conflicto interno.

Ecuador finalizó el año 2025 con una tasa récord de 50.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este indicador social responde de manera directa a los 9.216 asesinatos que las agrupaciones delictivas perpetraron a lo largo de esos doce meses.

Mientras el Gobierno nacional defiende los resultados de los operativos, los familiares de los desaparecidos continúan la búsqueda en terrenos baldíos. Los colectivos sociales recorren sectores peligrosos como el denominado “Canal de la Muerte” en Guayaquil, donde los gallinazos guían el hallazgo de restos humanos.

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