La Corte Constitucional celebra desde este lunes una audiencia crucial para debatir los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia. Esta sesión corresponde a la última fase del proceso, que también comprende las demandas contra las leyes de Integridad Pública y Solidaridad, aún en trámite. La diligencia fue convocada por la jueza Alejandra Cárdenas.
La Ley de Inteligenciatiene 12 artículos suspendidos y ocho del Reglamento General. Entre estos se encuentra el capítulo que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información a solicitud de los organismos de inteligencia del Gobierno. También permanecen en pausa los apartados sobre doble identidad de agentes, gastos especiales sin respaldo y la interceptación de documentos.
La norma acumula cuatro demandas ciudadanas de inconstitucionalidad, agrupadas en un solo proceso. Las promueven un bloque de sindicatos y dos coaliciones de organizaciones de derechos humanos.
Participación y argumentos de las entidades demandantes
En el inicio de la audiencia participaron las abogadas de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh). Presentaron sus objeciones a los artículos de la Ley y del Reglamento, argumentando que contradicen la Constitución y estándares internacionales en temas de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
Las abogadas, sostuvieron que la ley genera un vacío jurídico al definir la seguridad integral del Estado sin aclarar su alcance, lo que provoca incertidumbre y permite interpretaciones subjetivas y arbitrarias. Esto, aseguran, vulnera la seguridad jurídica y el principio de reserva de ley.
Entre los puntos más críticos, señalaron un régimen de reserva total que podría erosionar la transparencia y la rendición de cuentas. También denunciaron la creación de un fondo de gastos especiales fuera del control público, lo que podría facilitar la incineración de registros; la exclusión del sistema de inteligencia del régimen general de contratación pública sin precisar procedimientos; y una rendición de cuentas anual limitada a una única comisión legislativa, en lugar de ser semestral.
Otro aspecto cuestionado es la violación de derechos a la privacidad e a la inviolabilidad de la correspondencia, sin un fin legítimo ni control judicial suficiente. Esto abre la puerta a persecución, vigilancia masiva, interceptación de comunicaciones y acceso indiscriminado a información.
Perspectivas de los demandantes
Angélica Porras, abogada de las organizaciones sindicales, reforzó las preocupaciones sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales bajo la Ley de Inteligencia en su estado actual. Adujo que la normativa podría facilitar la vigilancia y persecución de dirigentes políticos y sociales, y favorece la impunidad de funcionarios, al tiempo que reduce la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Más tarde, Fernando Bastias de la Alianza de Derechos Humanos afirmó que la ciudadanía carece de recursos judiciales eficaces para defender sus derechos ante posibles intrusiones. Se señaló la ausencia de mecanismos de control, investigación y sanción de actos de inteligencia que violen derechos.
Los argumentos de Presidencia y la Asamblea
La Asamblea y la Presidencia presentaron sus argumentos sobre la Ley de Inteligencia. Mediavilla, abogada del Legislativo, abrió el debate. Remarcó la crisis de seguridad que desborda al Estado. Subrayó la expansión del crimen organizado y explicó el origen de la norma.
Mediavilla aseguró que las críticas a la ley se basan en “supuestos y miedos”. El informe de Lagla, abogado de la Asamblea, apuntó a la falta de claridad en los principios constitucionales vulnerados. Lagla afirmó que la Ley es clara, estable y previsible. Sostuvo que se aplica de forma constante y que ya no existe inseguridad jurídica en los procedimientos. Negó que se viole la intimidad, siempre que se cumpla la Ley, se persigan fines legítimos, se actúe con proporcionalidad y exista control adecuado.
Stalin Andino, secretario Jurídico de la Presidencia, pidió considerar el contexto en que se desarrolla la Ley. Señaló las amenazas a la soberanía del Estado y destacó la acción de grupos armados contra el país. Andino describió el debilitamiento institucional y la dispersión del sistema de inteligencia. Detalló el control económico, territorial y de la ciudadanía que ha logrado el crimen organizado.
El abogado de Carondelet dejó abierta la posibilidad de que la Corte Constitucional interprete artículos de la Ley. Dijo que los conceptos jurídicos indeterminados no causan inconstitucionalidad en las normativas.
Sobre fondos reservados, Andino aclaró que la cuestión no es exclusiva de inteligencia. También se aplica en otros ámbitos. Afirmó que cualquier ciudadano puede acceder a la información de los gastos reservados. Indicó que puede acudir ante su asambleísta y exponer para qué lo solicita.
El secretario presidencial afirmó que el control político garantiza la transparencia del Sistema de Inteligencia. Añadió que el Contralor General participará en todo el proceso. Es quien finalmente autoriza cualquier decisión relacionada con los gastos reservados.
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