Una investigación realizada por la plataforma periodística para las Américas, Connectas, reveló vínculos del crimen organizado con la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), que “contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en este país andino y España”.
De acuerdo con el estudio, mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec, sino con otras instituciones del Estado.
A propósito, la investigación arrojó que uno de los contratos que le otorgó Celec a Agusegpro tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Connectas resaltó que Agusegpro no es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado. en este sentido, detalló que Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec.
Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por 13 mil dólares entre 2019 y 2023. Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada”.
Connectas aseguró en su investigación, que detectó 97 contratos públicos por un total de 13,5 millones de dólares, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados “enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado”.
En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado. Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones”.
En este sentido, la plataforma de periodismo de investigación puso ejemplos de casos que han sido analizados en los últimos meses en Ecuador como Metástasis, Plaga y Purga, los cuales “han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades”.
La investigación advirtió que “los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción”.
Entre tanto, se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas. La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado.
Para ello, Connectas partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas. De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia”.
Connectas detalló que solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos, la institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Por otro lado, la pesquisa advirtió que los municipios son los principales contratantes de proveedores ligados al crimen organizado.
Según la investigación, el 15 de agosto pasado, la Policía desplegó un gran operativo en Durán, uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador. Detuvo a 23 personas y las señaló de pertenecer a una organización delictiva encabezada por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, líder de los Chone Killers, que contaba con la participación directa de funcionarios del Municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de ese cantón, y habría servido para lavar dinero en la contratación pública.
Las múltiples deudas pendientes en el control de los recursos públicos han permitido que, en la peor crisis de seguridad de Ecuador, el crimen organizado fortalezca sus finanzas y penetre en las instituciones mientras hay guerra en las calles”.
Ecuador atraviesa por una crisis energética que ha provocado apagones de hasta 14 horas en el país andino.
Expertos y ciudadanos aseguran que el origen de la actual emergencia energética está en la falta de inversión y previsión de las autoridades, que no adoptaron medidas ante los reportes que preveían la sequía.
Mientras tanto, el Ejecutivo atribuye la crisis energética al peor estiaje en los últimos 60 años.
Por su parte, la titular de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, estimó recientemente que el sector industrial perderá cuatro mil millones de dólares y el gremio comercial alrededor de tres mil 500 millones hasta el 23 de noviembre, cuando se cumplen dos meses de los apagones continuos.
Expansión del crimen organizado en América Latina y el Caribe
La pasada semana, la directora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, advirtió sobre la amenaza que representa la expansión del crimen organizado para Latinoamérica y el Caribe.
En entrevista con la agencia española de noticias, EFE, Muschett insistió en que “esta región es considerada la más violenta del mundo, y las políticas populistas y de mano dura que propician algunos gobiernos para combatirlo necesitan un enfoque integral sobre seguridad ciudadana”.
En su diálogo con EFE, la funcionaria recordó que en décadas pasadas se asociaba el fenómeno del crimen organizado, casi exclusivamente, a los países de Centroamérica, pero ahora los niveles de violencia en esa zona «han disminuido, a pesar de continuar siendo un problema muy relevante, y se han ido desplazando» a países que se consideraban más seguros en la región, como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Chile.
Muschett sugirió que para afrontar la situación “se debe propiciar un desarrollo inclusivo a nivel de territorios y el fortalecimiento de las instituciones, especialmente relacionadas con la justicia”.
En este sentido, alertó que, si bien las “medidas populares, efectistas e incluso de mano dura, en un momento dado, pueden tener un efecto inmediato en la reducción de la criminalidad, para que sean sostenibles en el tiempo, ese impacto tiene que venir acompañado de un enfoque integral de seguridad ciudadana que aborde las diferentes dimensiones simultáneamente”.
Fuente: Connectas, plataforma periodística para las Américas
