La institución iniciará un proceso extraordinario para designar jueces temporales, tras reconocer que más de la mitad de las dependencias judiciales del país se encuentran en estado crítico o de alerta.
El Consejo de la Judicatura declaró que el sistema judicial ecuatoriano atraviesa una situación extraordinaria y emergente debido al déficit de 735 jueces a escala nacional, una medida que permitirá activar un proceso excepcional para designar magistrados temporales y cubrir las vacantes más urgentes.
La decisión fue anunciada este lunes por la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, quien asumió el cargo hace poco más de dos meses y medio. Según explicó, la falta de operadores de justicia compromete el funcionamiento de los despachos judiciales y el acceso oportuno a la justicia.
“Esto implica desarrollar metodologías que sirvan para nombrar jueces con criterios que impidan que quienes no deben formar parte de la Función Judicial lleguen a esos cargos”, señaló Caicedo.
De acuerdo con la Dirección General de Talento Humano de la Judicatura, 237 de las 437 dependencias judiciales del país (54 %) se encuentran en estado crítico o de alerta debido a la falta de personal jurisdiccional.
El déficit está conformado por 531 jueces de unidades judiciales, 83 de salas de Cortes Provinciales, 51 de tribunales distritales y 64 de tribunales penales, además de 62 jueces que se jubilaron hasta el 30 de junio.
Como respuesta, la Judicatura pondrá en marcha un proceso extraordinario de selección de jueces temporales que tendrá una duración de 33 días. La prioridad será cubrir las diez dependencias de primera instancia que actualmente no cuentan con ningún juez, ubicadas en las provincias de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pichincha y Zamora Chinchipe.
La directora de Talento Humano, María Elena Arana, explicó que los postulantes deberán acreditar título de abogado, experiencia profesional, capacitación judicial y no registrar sanciones disciplinarias ni inhabilidades para ejercer cargos públicos.
La vocal de la Judicatura, Magaly Ruiz, aclaró que este mecanismo no reemplaza los concursos públicos de méritos y oposición, sino que busca atender una necesidad inmediata mientras se desarrollan los procesos definitivos de selección.
El organismo estima que, al considerar también la contratación de secretarios y ayudantes judiciales para respaldar a los nuevos magistrados, el impacto presupuestario de la medida alcanzará aproximadamente USD 24,1 millones.
Las áreas técnicas del Consejo disponen ahora de 10 días para elaborar la metodología con la que se ejecutará el proceso extraordinario de designación.
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