El Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de tres funcionarios judiciales y la suspensión temporal de uno más, en una sesión ordinaria marcada por el creciente clamor por declarar en emergencia al sistema judicial del país.

Desde julio de 2024, cuando inició la actual administración, el organismo ha cesado a 102 servidores judiciales en todo el país por incumplimientos disciplinarios. Las sanciones más recientes se aplicaron a personal en Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Manabí, tras detectarse infracciones en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los casos se registró en Manglaralto, Santa Elena. El secretario de la Unidad Judicial Multicompetente, C.E.R.B., fue separado del cargo tras acumular más de tres sanciones económicas en un año. En Los Ríos, la Judicatura también removió a J.G.J.V., coordinadora de Talento Humano, por alterar sin autorización el sistema SATJE en lo referente a los puestos de jueces.

En Guayaquil, Guayas, la coordinadora provincial de Talento Humano y pagadora de la Unidad Judicial de Familia, J.V.D.P., enfrentó la destitución tras ausentarse seis días laborales en junio de 2024 sin justificación ni registro de asistencia.

En Portoviejo, Manabí, la secretaria A.M.M.M. recibió una suspensión de 10 días sin sueldo. La sanción se originó por no notificar providencias judiciales en una causa penal durante tres meses entre 2023 y 2024.

El Consejo recordó que todas las decisiones disciplinarias se sustentan en lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal.

En paralelo, crecen las voces que exigen una declaratoria de emergencia en el sistema judicial para enfrentar los desafíos de corrupción, retrasos y falta de recursos.