En la sesión plenaria del 4 de diciembre de 2025, el Consejo de la Judicatura sancionó a tres jueces de las provincias de Manabí y Pichincha por actuaciones consideradas irregulares en el ejercicio de sus funciones.
Una jueza de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo recibió una suspensión de 30 días sin remuneración por calificar como legal la detención de dos personas pese a que, según la Judicatura, la aprehensión realizada por militares “se produjo de forma arbitraria”. El organismo detalló que los detenidos fueron maltratados y que los certificados médicos evidenciaron que uno de ellos presentaba “edema y deformidad en el tobillo”. Además, la audiencia de flagrancia no se efectuó dentro de las 24 horas posteriores a la detención, como exige la ley.
También suspendieron a otra jueza de la misma unidad judicial, por 30 días sin sueldo, por declarar legal la detención de un adolescente en un caso por presunta tenencia y porte no autorizado de armas. Según el informe, el joven denunció tratos crueles, torturas y una detención arbitraria cometida por miembros de las Fuerzas Armadas. El adolescente afirmó que los militares lo mantuvieron retenido más tiempo del permitido antes de entregarlo a la Policía.
En Pichincha, la Judicatura sancionó a un juez especializado en Crimen Organizado con una suspensión de tres meses sin sueldo por demorar injustificadamente por más de 50 días el conocimiento de una causa relacionada con la comercialización ilegal de combustibles. El organismo señaló que, como consecuencia de la demora, la audiencia de juicio quedó programada entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026, es decir, más de cuatro meses después de que el juez recibiera el expediente.
El Consejo de la Judicatura sostuvo que estas medidas buscan reforzar la responsabilidad disciplinaria dentro de la administración de justicia y garantizar la correcta aplicación de los procedimientos legales.
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