El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este jueves suspender provisionalmente a dos jueces y cuatro funcionarios judiciales por presuntas irregularidades administrativas en las acciones constitucionales presentadas por el Alcalde de Quito, Jorge Yunda.
La decisión se tomó luego de denuncias y alertas ciudadanas de la existencia de presuntas irregularidades en el sorteo de las dos acciones de protección presentadas por el Burgomaestre para evitar su remoción.
María del Carmen Maldonado, titular de la Judicatura, señaló que presentará ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue el delito de interceptación ilegal de datos y otros posibles delitos.
En el ámbito administrativo, las posibles irregularidades tendrían que ver con que el primer recurso presentado fue por Violencia en la Unidad Judicial de Quitumbe. Según Maldonado, allí el universo de juzgadores se redujo a cuatro o cinco y, al momento de ingresar al sistema, el técnico de ventanilla obvió detalles como quienes fueron la víctima y el agresor del supuesto caso de violencia.
Mientras que en el segundo caso, dicen las autoridades, evidencio algo “sumamente grave” al no registrarse un sorteo en los sistemas del Consejo de la Judicatura, lo que significaría que se dio una designación directa y sin sorteo.
“El CJ tiene un sistema fuerte con las debidas seguridades. Aquí no se trata de un posible defecto del sistema, de lo que se trata aquí son ciertas acciones de carácter inusual, presumiblemente irregular de los servidores para jugar con ciertas partes del sistema. No es defecto, ni debilidad, ni vulnerabilidad de sistema”, apuntó Maldonado.
Las medidas de suspensión regirán desde este viernes y podrían durar hasta 90 días. La funcionaria explicó que de ninguna forma se hace con esta acción un juzgamiento o prejuzgamiento de ningún tipo, sino que se está preservando la presunción de inocencia.
Frente a las decisiones adoptadas por la Judicatura, Yunda sostuvo que respetará la independencia de funciones en el país.
Pidió que se “investigue lo que tengan que investigar” y dijo que esto evidencia la violación de derechos en el proceso de remoción que vivió.
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