Los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Christian Fierro presentaron este viernes sus testimonios ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dentro del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy. Los magistrados ratificaron las denuncias por presuntas presiones y decisiones administrativas adoptadas tras el fallo del denominado caso Euro 2024.
Carlos Serrano compareció de forma virtual y aseguró que el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, habría ejercido presiones para influir en la sentencia del proceso por lavado de activos contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan. El magistrado afirmó que existen audios relacionados con estos hechos que actualmente forman parte de investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
El juez señaló que, tras negarse a ceder a las presiones, recibió amenazas contra su vida y perdió el resguardo policial pese a que su nivel de riesgo había sido evaluado como alto.
Según su versión, esta situación lo obligó a abandonar el país y solicitar protección internacional. Serrano también sostuvo que la Presidencia del Consejo de la Judicatura conocía su situación de vulnerabilidad, pero no adoptó medidas suficientes para garantizar su seguridad.
Durante su intervención, añadió que el teletrabajo que se le otorgó en diciembre de 2025 no respondió a razones de protección, sino a la intención de que continúe participando en audiencias judiciales, pese a que ya había presentado su renuncia al cargo.
Suspensión tras sentencia
En la misma sesión compareció el juez Christian Fierro, quien afirmó que fue suspendido temporalmente por el Consejo de la Judicatura pocos días después de que el tribunal que integraba dictara sentencia condenatoria en el caso Euro 2024.
Fierro sostuvo que la medida administrativa fue adoptada de manera acelerada y cuestionó su legalidad, señalando que hasta la fecha no ha recibido respuesta a los recursos presentados.
El juicio político contra Mario Godoy se centra en presuntas presiones sobre operadores de justicia y en posibles omisiones relacionadas con la protección de jueces que tramitaban procesos vinculados con delincuencia organizada. La etapa de práctica de pruebas testimoniales continuará hasta el 10 de febrero, tras lo cual la Comisión de Fiscalización deberá elaborar el informe correspondiente.
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