Este miércoles 22 de diciembre, los jueces Patlova Guerra y Wilson Lema anunciarán su decisión en torno a la recusación que impuso el exalcade de Quito, Jorge Yunda, contra Fabián Fabara, juez de la Corte de Justicia de Pichincha. Este último afirmó que estará pendiente del anuncio. Sin embargo, resaltó que se mantiene confiado y espera que la decisión “sea justa y apegada a derecho”.
En esa línea, argumentó que sus actuaciones se encontraron dentro del marco que le permite la ley y el derecho. Así, dijo que es improcedente la recusación en su contra que planteó la defensa de Yunda.
Para el juez, llama la atención que la defensa no tenga la apertura de reconocer las atribuciones que mantiene como juez para realizar preguntas aclaratorias. Así, dijo que es normal que otros jueces no presentaron inquietudes. Sin embargo, criticó que a la defensa del exalcalde le haya resultado incómodo la postura de Fabara para preguntar, sobre todo cuando tiene conocimientos en el ámbito del derecho administrativo y municipal “que durante toda mi vida he desempeñado”. De esa manera, asumió que realizó aclaraciones para extraer información importante de las intervenciones “que no pueden quedar en el aire”.
La postura del juez
Fabara señaló que los peritos y los testigos son auxiliares de la justicia. Así, recordó que la presencia de ellos se justifica porque están prestos para “desentrañar una verdad histórica y procesal que nos permita formar una convicción”. Así, lamentó: “no entiendo por qué después de 24 días de audiencia, la defensa presenta una recusación que no tiene asidero”.
“Todos los días quienes estamos en el ejercicio de administrar justicia hacemos preguntas aclaratorias a quienes comparecen para tener elementos para tomar una resolución”, mencionó. Además, explicó que es la primera vez que la defensa recusa a un juez cuando está evacuado el 100% de prueba que presentó la Fiscalía y cuando iniciaban con el análisis de la prueba que presentó la defensa del exalcalde.
En ese sentido, también resaltó que Yunda renunció a 170 testigos y peritos, y se quedó solo con tres: el mismo exalcalde Yunda, el perito que se acreditó como experto en derecho administrativo y otro perito más que dijo ser experto en contratación pública.
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