El magistrado anticorrupción suspendido tras el caso Goleada reveló maniobras administrativas de la Judicatura para interferir en sus decisiones judiciales.

El juez Byron Uzcátegui, suspendido por el Consejo de la Judicatura tras revocar la prisión del alcalde Aquiles Alvarez, denunció presiones para interferir en su trabajo.

El integrante de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado rechazó la acusación de “error inexcusable” impuesta contra su tribunal.

Uzcátegui afirmó que estas sanciones disciplinarias responden a un intento por amedrentar a magistrados independientes y debilitar la operatividad del sistema de justicia anticorrupción.

Revelación de maniobras para apartarlo de audiencias

Entre las presiones denunciadas, Uzcátegui reveló en Ecuavisa que la Judicatura intentó apartarlo del caso Goleada el 5 de marzo, fecha fijada para la audiencia.

La institución le notificó a él y a la jueza Silvana Velasco un viaje obligatorio a Panamá, enviándoles pasajes aéreos pese a que justificaron compromisos judiciales.

El magistrado, con cerca de 20 años de trayectoria sin sanciones previas, sostuvo que defendió su independencia frente a este tipo de injerencias administrativas.

Legalidad del fallo y afectación a la unidad judicial

El juez defendió la validez jurídica de su resolución, recordando que el magistrado de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, avaló el levantamiento de la prisión.

No obstante, De la Cadena terminó removido de su cargo y enviado a despachos en Imbabura tras respaldar la decisión del tribunal de primera instancia.

Asimismo, Uzcátegui advirtió que su suspensión reduce al 50 % la capacidad operativa de la unidad anticorrupción, dejando solo tres jueces a cargo de los procesos.

Solidaridad del gremio y persecución penal

Figuras del ámbito jurídico respaldaron al magistrado; el exjuez Carlos Serrano advirtió que la medida busca disciplinar a los administradores de justicia honestos.

Por su parte, el jurista Jorge Luis Mazón calificó a Uzcátegui como un profesional probo y sugirió que sectores políticos buscan deshacerse de jueces incómodos.

Impacto en causas de alto perfil político

Actualmente, el magistrado enfrenta el sumario administrativo que busca su destitución definitiva, sumado a una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado.

En caso de ser apartado del cargo, Uzcátegui quedará inhabilitado para revisar en apelación procesos de alto impacto político, como el denominado caso Triple A.

La situación expone la fragilidad de la justicia especializada frente a las presiones institucionales en causas que involucran a autoridades y figuras del ámbito político.