La jueza Patricia Ramírez negó este viernes, 26 de agosto, la nueva acción de protección planteada por Guadalupe Llori, con la que pretendía recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional.
La magistrada de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, ubicada en el sur de Quito, resolvió que “no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales”.
Con este recurso, Llori solicitaba, además, disculpas públicas y que cada uno de los 81 asambleístas que votaron para su destitución le pague una indemnización de USD 100.000. Esto suma un total de USD 8,1 millones.
El legislador Esteban Torres (PSC), quien presentó la denuncia en contra de Llori para dar paso a la destitución por “incumplimiento de funciones”, confirmó la noticia esta tarde en su cuenta de Twitter.
“Contra viento y marea y presiones injustas de todo tipo del Consejo de la Judicatura y el gobierno, nuevamente gana la razón y la cordura”, expresó en un tuit.
