Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Contrario a lo que se piensa, el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, podría constituirse en una válvula de escape a la presión social que el primer mandatario tiene debido a su escaza o casi nula capacidad de resolver los problemas que están lacerando a los ecuatorianos como la inseguridad ciudadana, la migración forzada, el desempleo crónico o el manejo poco eficiente de las consecuencias del invierno, el sismo de Balao o el aluvión de Alausí, que han dejado decenas de personas fallecidas y otras cientos, incomunicadas o sin hogar.
El hecho de que esta iniciativa -impulsada por el correísmo, el ala “rebelde” de Pachakutik y el Partido Social Cristiano- ya se esté tramitando en la arena de la Asamblea una vez que la Corte Constitucional admitió una de las tres causales por las que se inició este proceso amparado en el artículo 129 de la Constitución, representa para el régimen una bocanada de aire que le permitirá ganar tiempo y sobre todo, generar un ambiente para deslindarse de la responsabilidad de gestionar las angustiantes demandas ciudadanas, puesto que “el presidente ya está siendo juzgado” por el Parlamento.
Aunque el proceso durará aproximadamente 45 días y muy posiblemente se concrete previo al cambio de autoridades al interior del Legislativo previsto para el próximo 14 de mayo, este mes y medio servirá para bajar la presión social restándole sentido a cualquier acción extra-institucional promovida desde los movimientos sociales y concretamente desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022, ya demostró su capacidad de movilización en las calles.
Sin embargo, los asesinatos de la directora financiera del hospital del IESS de Guayaquil y del director general del hospital de Esmeraldas, así como el terror vivido por los guayaquileños luego de que un grupo de delincuentes secuestraron a un empleado de un negocio y le colocaron explosivos en su cuerpo que finalmente fueron retirados por la Policía, generan un ambiente de histeria colectiva que desmantela cualquier posibilidad de recomponer el pacto social desde el Ejecutivo.
Sumado a ello, el asesinato de varias personas en Santa Elena, incluido Rubén Chérrez, vinculado al caso “Gran Padrino”, deja una estremecedora sombra de dudas sobre este tema, en el que -según La Posta- estaría relacionado también Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso.
En este inédito proceso de juicio político es clave destacar que el marco institucional diseñado en la Constitución de 2008 ha evitado que sean las calles o los militares los que resuelvan las crisis políticas, lo que quedó demostrado tanto en 2022 como en la actual coyuntura.
Tras el paro de junio del año pasado, la Asamblea activó el artículo 130 de la Norma Suprema para cesar al primer mandatario “por grave conmoción interna” pero su intención alcanzó 80 de los 92 votos necesarios. En esta ocasión, en cambio, se está aplicando el artículo 129 de la Constitución, en el que se acusa al presidente de un presunto delito de peculado. Paralelamente, un colectivo ciudadano está buscando, hace varios meses, la revocatoria del mandato de Lasso, prevista en el artículo 105 y el tema se encuentra en trámite.
En este escenario, aplicar el artículo 148 de la Constitución que establece la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas está en manos del presidente, pero al parecer existe un acuerdo tácito entre todas las fuerzas políticas incluido el oficialismo, para no ejecutar esta figura constitucional, ya que eso podría beneficiar políticamente al correismo, perjudicando el status quo vigente.
En el plano político, donde los símbolos determinan el sentido de los acontecimientos, no queda claro el mensaje del presidente Lasso durante su intervención de más de 14 minutos la noche del jueves desde el Centro Cultural Metropolitano, en el centro histórico de Quito. Aparecer junto a su esposa y rodeado de ciudadanos que no tenían la menor idea de qué hacían allí, deja serias dudas sobre la estrategia comunicacional con la que enfrentará el juicio.
Coincidencia o no, el vicepresidente Alfredo Borrero, fue el único funcionario del Ejecutivo que -en su cuenta de Twitter- lamentó los asesinatos de los directores de los hospitales del IESS casi de inmediato, y no estuvo con el presidente Lasso durante su visita a Alausí, que fue rechazada por la ciudadanía de esa localidad, que aún sigue buscando a sus muertos bajo el lodo.
¿Válvula de escape o sucesión constitucional? Hagan sus apuestas.
La opinión de Wilson Benavides.
