Una jueza constitucional falló a favor de la vocal suplente de la Judicatura este lunes 23 de marzo. El dictamen ordena corregir un impedimento administrativo que frenó su posesión como presidenta del organismo.
Un bloqueo basado en datos inexactos
Alexandra Villacís interpuso la acción tras detectar un registro erróneo en el sistema del Ministerio de Trabajo. Esta inconsistencia le impidió asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.
Debido a este bloqueo, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designó en su lugar a Damián Larco. No obstante, la defensa de Villacís demostró con certificados del SRI que ella no mantiene deudas pendientes con el Estado.
Este lunes, Villacis celebró el dictamen de la jueza y mencionó: “Hoy ganó la verdad. Ganó el derecho. Regreso al 9 de febrero, cuando se me notificó que, ante la licencia solicitada, me correspondía asumir el cargo. Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó. La institucionalidad se defiende con hechos y con derecho.”
El impacto del error administrativo
Durante la audiencia de dos horas, los abogados denunciaron que el Ministerio de Trabajo mantuvo el dato incorrecto por más de 45 días. Esta omisión vulneró el derecho al trabajo de la funcionaria y alteró la designación de autoridades nacionales.
“El registro erróneo generó un impedimento sin sustento real”, sostuvo la defensa ante la jueza. Argumentaron que el Estado no puede restringir derechos ciudadanos basándose en información desactualizada o bases de datos con fallas técnicas.
La postura del Ministerio de Trabajo
La representación del Ministerio de Trabajo defendió su gestión indicando que el impedimento provino de una base enviada por el SRI. Según la cartera, dicho listado incluía a 600 personas con presuntas obligaciones pendientes.
La institución alegó que ellos no son titulares de esa información y dependen exclusivamente de la actualización que realice el ente recaudador. Además, señalaron que el proceso de revisión administrativa aún se encontraba en curso.
Sentencia judicial y apelación
A las 12:48, la jueza emitió su sentencia oral aceptando el hábeas data. La magistrada concluyó que mantener datos incorrectos en registros públicos vulnera derechos constitucionales, especialmente en el acceso a funciones de alto rango.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Trabajo anunció que apelará la decisión judicial. El caso pone bajo la lupa la interoperabilidad de los sistemas estatales y la seguridad jurídica en la designación de autoridades.
Post relacionados
