Por Esteban Ron Castro* Director de la Escuela de Derecho.
Esta semana es crucial para la futura gobernabilidad que pueda tener el nuevo gobierno del presidente electo, Guillermo Lasso Mendoza, debido a la posesión y a la selección (elección) de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional.
Las últimas semanas se han barajado varias opciones sobre posibles alianzas al interior del legislativo, principalmente sobre la base de las declaraciones que ciertos asambleístas electos y re-electos han dado en diversos medios de comunicación, lo que ha hecho que la opinión pública vuelque sus esfuerzos a tratar de dilucidar quienes ostentaran la presidencia, vicepresidencias, presidencias de comisiones especializadas permanentes y el Consejo de Administración Legislativa para este primer periodo legislativo.
Al momento se puede decir que tenemos todo, menos certezas para tratar de entender cómo funcionará orgánica, técnica y políticamente la Asamblea Nacional. Lo cierto es que, antes de proceder con la identificación de futuras autoridades, el llamado de fiscalización ciudadana ante un legislativo con los peores niveles de aceptación históricos va a tener un rol trascendental en los primeros meses de su accionar.
En lo personal, creo que hacer un ejercicio de identificación de los retos, deudas y promesas legislativas antes que fijarnos en las futuras autoridades puede sanear la expectativa que se ha generado en cuanto a los actores que pueden empezar a trascender en la vida política del país y de quienes se espera una respuesta inmediata ante las altas expectativas que genera este nuevo gobierno.
En el imaginario colectivo no se tienen en cuenta las relaciones necesarias entre el ejecutivo y el legislativo sobre las teoría de los pesos y contrapesos necesarios para una gobernabilidad adecuada y hasta utópica en el país; sino, que entendemos, por decir lo menos, que entre estas dos funciones del estado, al menos debe existir una sinergia basada en el atender las necesidades sociales de manera urgente.
Aquí un primer punto a considerar entre los retos de Asamblea que puedo identificar, esto es una agenda inmediata; las necesidades sociales han cambiado y la priorización de políticas públicas de reactivación económica de tinte social serán requeridas por el clamor social que confió en este nuevo gobierno. Para esto, ya con anuncios claros por parte del presidente electo, se requerirá la producción técnico-normativa de leyes económicas urgentes que atiendan dichas necesidades, pero estas leyes serán amplias, transversales, de incidencia y ejecución técnica, por lo que el entendimiento robusto de los actores legislativos tiene que responder de manera eficaz.
Existirá a la par una segunda agenda, la que se puede denominarse como la agenda de gobernanza o de plan de gobierno; esta agenda legislativa al ser colocada en prospectiva y de largo plazo, recibirá también mucha atención, ya que la aceptación del nuevo gobierno al ser alta, la demanda de ejecución del plan de gobierno es directamente proporcional a las exigencias. En otras palabras, el pueblo espera mucho y pronto.
Si hablamos de uno de tantos déficits de la Asamblea Nacional saliente, es que esta nunca estructuró una agenda y que sus respuestas fueron circunstanciales a las demandas del ejecutivo, así como a los escándalos internos y externos, y finalmente a las escuetas acciones de legitimación en su actuar.
El remedio estará en esa sinergia citada y en la coordinación de funciones (poderes) estatales, dejando de lado el cálculo y el reparto político, confiando, como en todos los periodos legislativos nuevos, que los temas nacionales tomen preponderancia sobre los individuales (político – partidarios); y ahora sí, después de una pandemia, un colapso institucional y un estado lento, prioricemos y respondamos.
Un agenda compleja, por la los dos tipos citados y al menos prexistentes requerirá de mucha tecnicidad en el debate, redacción, justificación y aplicación de las normas que se generen; casi no habrá tiempo para el acoplamiento, aprendizaje y transición de los representantes electos; he aquí un segundo y último punto a tratar en este pequeño documento.
Las labores legislativas se multiplicarán en este sentido, las comisiones especializadas deberán extender sus labores ordinarias y las unidades técnicas requerirán experiencia y experticia, por lo que todo el cuerpo asesor deberá cambiar su perspectiva de trabajo.
Esperemos que por el bien común de un Ecuador, aun polarizado, las respuestas sean desde inicio a estos puntos marcados, que los actores y sus nichos de poder vayan en consonancia a las necesidades urgentes de carácter social y de estabilización estatal; y que esta vez sí, podamos confiar en que el legislativo asuma de las respuestas que tanta falta nos hacen.
