Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Así podría calificarse lo que está sucediendo desde la noche del 13 y madrugada del 14 de octubre de 2025 en la ciudad de Otavalo, Imbabura, localizada a una hora y media de Quito, la capital del país, cuando el gobierno de Daniel Noboa decidió -por la fuerza- emplear todos sus recursos militares y policiales para terminar con el paro de la CONAIE, que ya lleva casi un mes, teniendo como epicentro a esa provincia.
La desproporción de la intervención del ejército y la policía en esta ciudad se ha evidenciado en centenares de publicaciones en redes sociales difundidas por manifestantes, periodistas y moradores, quienes a través de sus celulares, han documentado una serie de abusos de los agentes de la fuerza pública que son inaceptables en cualquier democracia, a tal punto que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento oficial para que cesen las hostilidades y se abra el diálogo.
Es evidente que en las manifestaciones también se han producido excesos y casos de vandalismo que deben ser igualmente condenados y reprimidos con toda la fuerza de la ley, pero también queda claro -a los ojos de la opinión pública nacional e internacional- el abismal desequilibro en la actuación de militares y policías en esta coyuntura de protesta con relación a su accionar en territorios enteros que están controlados por el crimen organizado.
Invadir con todo ese despliegue de fuerza, mal llamado convoy humanitario, la ciudad de Otavalo para habilitar la libre circulación por la Panamericana Norte (E-35) al tiempo de señalar que el gobierno “está abierto al diálogo”, es simplemente inaudito. Hasta el medio día de este 14 de octubre, se registraron 43 personas detenidas y decenas de heridas, entre ellas, seis militares y policías.
De acuerdo con la Alianza por los Derechos Humanos, desde el pasado 22 de septiembre que inició el paro de la CONAIE, se han registrado 310 vulneraciones a los derechos humanos, 107 detenidos previo a Otavalo, 144 heridos, 12 desaparecidos y un fallecido, aunque las comunidades indígenas denunciaron la tarde de este 14 de octubre el supuesto fallecimiento de dos menores de edad asfixiados por bombas lacrimógenas.
En la práctica, resulta claro el uso político que el gobierno está haciendo de esta compleja coyuntura en dos niveles. El primero, tiene que ver con imponer una lógica política de “cero diálogo” con los actores beligerantes muy acorde con la doctrina que está detrás del conflicto armado no internacional (CANI, en términos castrenses), y que básicamente busca el sometimiento, la aniquilación o la rendición total del “enemigo” por sobre cualquier tipo de negociación con el “adversario”.
El segundo nivel, en cambio, persigue un objetivo ideológico que es aleccionar a la sociedad bajo la idea de que la represión es la única vía de la gobernabilidad lo que incluye a periodistas y medios de comunicación, quienes -durante varias jornadas de protesta- ya han sido agredidos físicamente por la policía, o en otros casos, simplemente impedidos de ingresar a las coberturas de eventos oficiales.
A casi un mes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre próximo, ambos niveles están configurando un peligroso precedente de autoritarismo en el Ecuador de hoy que para el gobierno constituye su mejor campaña electoral para el plebiscito, mientras que para la oposición es algo totalmente inaceptable. Esto nos obliga desde ya a meditar nuestro voto.
La opinión de Wilson Benavides
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