Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
El gobierno de Daniel Noboa se ha empecinado en una suerte de cruzada por eludir las responsabilidades que directamente asumió con el pueblo ecuatoriano al llegar al poder.
A seis meses de las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, culpar a “otros” de todos los males de la nación y rebautizar las crisis gubernamentales con un confuso juego de palabras, es una apuesta arriesgada, pero quizás políticamente correcta.
Eso en la medida en que construir una narrativa que convierta los problemas coyunturales en temas estructurales que además son “heredados” de gobiernos anteriores, configura al presidente y a su gobierno como una “víctima de las circunstancias”, y a estas últimas, en condiciones permanentes que el país superará solo con el transcurso del tiempo.
Pero para que esta lógica de poder logre afianzarse es necesario modificar la percepción pública cambiando las palabras con las que nos referimos a determinados hechos. Así, las personas asesinadas como consecuencia de la inseguridad en el contexto del conflicto armado interno son “daños colaterales”, los recientes cortes de energía eléctrica que han sido denunciados por la ciudadanía en varias ciudades del país ya no son “apagones”, sino “mantenimientos preventivos”, etc.
Desde esta mirada se entiende entonces que las decisiones del Ejecutivo relacionadas por ejemplo con la crisis del sistema de salud pública, encargado actualmente a la vicepresidenta, María José Pinto, no sea responsabilidad del régimen sino una consecuencia de la ineficiencia de anteriores administraciones.
Pero este hecho se ancla en una lógica más global relacionada con lo que el sociólogo Sigmun Bauman explica al analizar la situación de los ciudadanos de Europa del este tras la caída del muro de Berlín en 1989. Explica que contrariamente a lo que el capitalismo ofreció de establecer un Estado de bienestar con sociedades inclusivas, prósperas y seguras lo que se ha consolidado es más bien una estructura donde son los propios ciudadanos y ya no los gobiernos quienes deben gestionar por su cuenta cuestiones básicas como salud, educación y seguridad.
Y es justamente en esta situación donde se encuentra empantanado el Ecuador de hoy, en el que su gobierno no es responsable de absolutamente nada. ¿Cómo impacta esto en la ciudadanía? ¿Será que los electores castigarán en las urnas este desinterés?
De acuerdo con la última encuesta del CIESS de finales de marzo de 2026, con 820 casos en Quito y Guayaquil, el 67% de encuestados considera que la situación actual del país es “mala” y “muy mala” versus un 33% de optimistas, sin embargo, la aprobación del presidente Noboa subió de 38% en febrero a 43% en marzo último, lo que hace suponer que de alguna manera, la figura presidencial sigue aún blindada de las crisis que el gobierno no logra gestionar, básicamente en salud pública y generación de electricidad.
Sumado a ello, la desinstitucionalización del Estado y/o el aparente uso discrecional del SRI, la Procuraduría General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral para bloquear a personajes que no son parte de la línea gubernamental está convirtiéndose en una constante, que a nadie le importa.
Al final, para mucha gente, tanto en la vida como en la política, la “culpa” siempre es de los otros.
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