Por: Héctor Calderón
¿Se acuerdan cuando nos dijeron que en el caso PROGEN toda la responsabilidad era de los técnicos?
Que los ministros no sabían.
Que las autoridades no participaron.
Que todo fue un problema administrativo de funcionarios de menor rango.
Bueno… cada día esa versión se cae un poco más.
Las nuevas revelaciones sobre el caso PROGEN muestran presuntas conversaciones, audios y coordinaciones que involucran a altas autoridades del gobierno y que hoy ya están en el debate público. Y aquí hay algo fundamental:
Si hubo un perjuicio millonario para el Estado, si hubo contratos cuestionados y si hubo decisiones políticas alrededor de esos contratos, la responsabilidad no puede terminar únicamente en quienes ejecutaron órdenes o firmaron documentos técnicos. Porque en el Estado las decisiones importantes tienen responsables políticos. Y eso es justamente lo que el país necesita aclarar.
¿Quién autorizó?
¿Quién conocía los problemas?
¿Quién tomó decisiones?
¿Quién intervino?
¿Quién protegió a quién?
Las nuevas revelaciones apuntan precisamente a ese nivel de responsabilidad, a los niveles más altos del Gobierno: Inés Manzano, Roberto Luque, Diana Jácome.
Por eso ahora la mirada está puesta en la Fiscalía, la misma Fiscalía que en otros momentos fue extremadamente agresiva para perseguir a determinados actores políticos. La misma Fiscalía que construyó casos complejos sobre indicios, interpretaciones y teorías, como el famoso influjo síquico, que terminaron marcando la vida política del país.
Hoy tiene una oportunidad para demostrar que la justicia es igual para todos. Porque si existen elementos que vinculan a autoridades de alto nivel, esos elementos deben investigarse con el mismo rigor que se aplicó en otros procesos: sin blindajes ni privilegios.
Porque el caso PROGEN no puede terminar siendo un juicio para unos pocos técnicos mientras quienes tomaron las decisiones, se reunieron con los empresarios y negociaron los contratos observan desde la comodidad de sus cargos y el silencio cómplice del presidente Daniel Noboa.
La impunidad no puede ser una política de Estado.
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