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La legítima defensa debe cumplir varios requisitos: Paúl Ocaña

El abogado Paúl Ocaña afirmó en entrevista con Fabricio Vela y José Antonio Sánchez que socialmente es aceptable la opinión ciudadana de que el policía Santiago Olmedo no debía ir preso por dar muerte a dos delincuentes, en junio de 2021 en la ciudad de Riobamba, toda vez que salió en defensa de una persona que fue asaltada, pero desde el punto de vista jurídico no, según el debido proceso.

En particular mencionó que en este caso no se cumplieron los requisitos señalados de una legítima defensa a favor del policía.

Sin embargo, señaló que sí fueron aceptadas las atenuantes solicitadas por su defensa, por lo cual la sentencia es reducida para lo que señala la legislación, de 10 a 13 años de cárcel, pero si hubieran agravantes la pena llegaría a casi 17 años y seis meses.

Manifestó que después de que la justicia estableció la sanción, tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional podrían dar un indulto para que la persona ha sido procesada pueda salir en libertad; pero enfatizó que debe cumplirse el debido proceso.

Indicó que la Policía puede hacer un uso progresivo de la fuerza, un tema sobre el cual hubo un debate nacional cuando un ciudadano dio muerte a su expareja y la policía no actuó. En este caso, el abogado Ocaña dijo que los policías sí pueden actuar porque es parte de su obligación.

«No se pueden hacer leyes para ciertas circunstancias, sino que es una ley general y debe atenderse dicha norma», indicó.

Consideró que un policía sí debe portar su arma cuando está de franco porque es parte de las herramientas que tiene y puede acompañarle, el problema está en si existe un delito en su día de descanso si tiene o no la posibilidad de atender la situación. Al respecto señaló que sí, porque es parte de su ejercicio profesional como policía, y es como un médico cuando hay un accidente, cuando está en la obligación moral sino profesional también de atender la salud de una persona afectada.

Este accionar quedaría sujeto a una investigación fiscal, donde los abogados deberán argumentar sobre su actuación en el incidente, y de hecho existen los delitos flagrantes, en los cuales los policías están obligados a actuar en caso de que se presentare un hecho.

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