Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint Wamputsar, son en la práctica quienes están sosteniendo el modelo implementado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, que fue liderado por Julio César Trujillo (+) tras la consulta popular del año 2018, convocada durante el gobierno de Lenin Moreno Garcés.
Las dos Dianas; la una abogada afroecuatoriana y la otra, ingeniera indígena shuar, han logrado mantener a sus respectivas instituciones por fuera del desastre institucional que experimentan otras entidades como el Consejo de la Judicatura (integrado por suplentes) y el propio CPCCS que -pese a ser elegido por votación popular- ha sufrido una serie de cambios en su correlación de fuerzas interna al menos en dos ocasiones.
La primera, por decisión del Parlamento y; la segunda, por un pronunciamiento de la actual Corte Constitucional, bajo un mismo argumento: la intención del CPCCS (de mayoría inicialmente correísta tanto en 2019 como en 2023) de revisar las decisiones adoptadas por ese mismo organismo en la época de transición liderada por Trujillo (+), y que incluyeron, entre otras, la designación de la Fiscal Salazar.
El hecho de que una mujer afro y una mujer indígena, ambas profesionales e incluso una ex diputada, marca sin duda alguna un punto de inflexión en la ideología nacional “blanco-mestiza” sobre la cual se venía construyendo simbólicamente la política al menos desde el retorno a la democracia. Las medidas de acción afirmativa establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para ocupar altos cargos públicos y que fueron profundizadas con la Constitución “correísta” de 2008, han dado resultados concretos.
En la práctica, el rol de las dos Dianas ha sido vital para el statu quo del postcorreísmo. Mientras la primera, se ha encargado de poner contra las cuerdas a Correa y su círculo íntimo mediante el caso Sobornos, así como develar el nexo entre el narcotráfico, la política y la justicia a través de los casos Metástasis y Purga, Atamaint ha logrado mantener en calma a todos los sujetos políticos de las más variopintas posiciones, desde Unidad Popular (antes MPD) hasta CREO, el PSC, Pachakutik y la misma RC, organizaciones que han encontrado en ella una aliada estratégica con la que han participado en dos elecciones locales (2019 y 2023), una general en el contexto de la pandemia (2021) y unos inéditos comicios anticipados (2023) luego de la “muerte cruzada”.
Lo cierto es que ambas mujeres, representantes de minorías étnicas, tienen la “sartén por el mango” de la política ecuatoriana en todo el sentido de la palabra y pese a los cuestionamientos que algunos sectores han realizado.
A la Fiscal Salazar se le adjudica una supuesta selectividad y una evidente falta de celeridad en unos casos por sobre otros, como el caso INA Papers que investiga al ex presidente Moreno y el caso Encuentro (León de Troya) que involucra al ex mandatario, Guillermo Lasso y a su cuñado Danilo Carrera no solo en una trama de corrupción en las empresas públicas sino también de presuntos vínculos con la mafia albanesa.
Por el manejo de estos dos últimos casos justamente, la bancada de la RC busca iniciarle un juicio político con censura y destitución en la Asamblea Nacional. Sin embargo, luego de las revelaciones del caso Purga que involucran a un ex legislador del PSC, esta iniciativa tiende a diluirse.
A Atamaint, en cambio, las críticas vienen desde actores interesados como el movimiento Construye, de la ex ministra de Gobierno de Moreno, María Paula Romo, que respaldó la candidatura presidencial del asesinado postulante, Fernando Villavicencio, así como de algunas voces disidentes al interior del propio CNE que cuestionan el manejo del voto telemático en los comicios anticipados, presuntas negligencias administrativas en esa institución y hasta la designación de su hermano Kar Atamaint como cónsul de Ecuador en Queens (EEUU) adoptada por el propio presidente de la República, Daniel Noboa.
No hay que olvidar, sin embargo, que en 2020, la presidenta del órgano electoral, sorteó con éxito un proceso de juicio político en su contra, gracias al voto de la alterna del ex legislador manabita Daniel Mendoza, líder en la época del movimiento Mejor (hoy AMIGO), sentenciado por corrupción.
Con este performance, las dos Dianas, muy seguramente buscarán dar el salto cualitativo cuando terminen sus funciones. De Salazar se ha dicho que no descartaría una candidatura presidencial en 2025 aunque ella públicamente lo ha negado, mientras que Atamaint muy seguramente buscará llegar a un organismo internacional relacionado con temas de pueblos indígenas o mujeres. El tiempo tendrá la respuesta.
La opinión de Wilson Benavides.
