El presidente Guillermo Lasso vetó de forma total el proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 16 de junio de 2022 con 109 votos, que derogaba casi en su totalidad la Ley de Apoyo Humanitario.
En el documento oficial, el Mandatario señaló que el proyecto de ley tiene “9 artículos que abordan varios temas sumamente relevantes, sin embargo lo hace con absoluta ligereza técnico-legislativa”.
Aseguró que el artículo 1 plantea una derogatoria parcial de la Ley Humanitaria, “sin embargo, no especifica qué artículos van a ser derogados, ni considera que varios artículos de dicha ley tuvieron aplicación temporal regulada”.
Resaltó que el Legislativo “estaría derogando disposiciones relevantes” de la Ley como “la modalidad telemática para la educación y el trabajo, prórroga para deudas derivadas del pago de pensiones escolares, creación del contrato especial emergente, creación de un segmento de crédito educativo social, creación de acuerdos preconcursales que facilitan el alivio financiero, implementación de mecanismos tecnológicos que permiten la recepción de solicitudes o activación de trámites en línea, así como la suscripción de actos, contratos y escritos, las cuales contribuyeron y contribuyen a la estabilidad de los ecuatorianos”.
El Parlamento no podrá tramitar de nuevo la iniciativa en el lapso de un año.
Con las reformas del Parlamento, se derogaban los textos referentes a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, que dieron paso a la reducción emergente de la jornada de trabajo por eventos de fuerza mayor o caso fortuito: contratos especiales emergentes; condiciones mínimas para la validez de los acuerdos; goce de vacaciones y prestaciones del seguro de desempleo; entre otras.
Lo que salvaba la derogatoria, según el texto aprobado, son las reformas a la ley del sector público. Aquí se compensaba a los trabajadores del sector sanitario que estuvieron en primera fila desde el inicio de la pandemia, hasta julio del 2021. De esta manera, en caso de postularse a un concurso de méritos y oposición un adicional del 25% será computado al puntaje final.
También se contemplaban reformas al Código Monetario. Aquí se disponía a las entidades financieras llegar a acuerdos con sus clientes. Esto con el fin de reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas, adquiridas entre marzo de 2020 y diciembre del 2021.