El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que remitió el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional y que está en el informe de mayoría no aprobado, planteaba que el 56% de las frecuencias queden en manos privadas, es decir 28 matrices; otro 34%, 17 frecuencias, sean comunitarias; y un 10% sean públicas, cinco de ellas. Así lo explicó Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).
Con el informe de minoría, aprobado por el pleno de la Asamblea y que actualmente se encuentra en el despacho presidencial para su veto, la redistribución de frecuencias es: 33% a privados, 33% a públicos y 34% comunitarios. Por ejemplo, Manciati señaló que en pichincha hay 49 frecuencias matrices de radio; de ese número, 35 son privadas, nueve públicas y cinco comunitarias; es decir, no respetaría ese porcentaje. Así mismo, en Guayas son 50 frecuencias matrices, 47 son privadas, no existen públicas y tres son comunitarias. “Estaba en las reformas de 2013 y quieren que regrese”, criticó Manciati.
Por ello, el Presidente de AER cuestionó “¿Cómo van a hacer la redistribución de frecuencias? Tomando en cuenta que muchas ya firmaron el contrato de concesión por los próximos 15 años para renovar en 15 más”.
Veto a la Ley de Comunicación
Para Manciati, los asambleístas “quieren pasar el tema de la libertad de expresión a un absurdo tema político”.
En esa línea, enfatizó que “yo no creo que un proyecto de Ley de Comunicación se maneje con criterio político. El criterio político está bien para los asambleístas, para las personas que trabajan en la asamblea, que tratan de justificar su salario sin hacer nada en beneficio del Ecuador”.
A parecer del Presidente de AER, el proyecto de Ley de Comunicación que aprobó el Legislativo debe vetarse en el despacho presidencial. “Respondiendo a la obligación con el pueblo ecuatoriano, deberá ser vetado porque no tiene lógica alguna”, destacó.