La Corte Constitucional instaló este jueves, 28 de agosto, el segundo día de audiencia sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional y promovida por el Ejecutivo.

El proceso inició el miércoles, cuando los demandantes expusieron por casi ocho horas sus objeciones. Entre ellas señalaron riesgos laborales y tributarios. La norma acumula 26 impugnaciones presentadas por sindicatos de maestros, gremios médicos, asociaciones financieras y agrupaciones municipales. Afirman que la ley permite despidos arbitrarios y afecta derechos constitucionales.

En la sesión participaron más de 100 convocados, incluidos ministerios, la Procuraduría, el Parlamento y el Ejecutivo. Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunciaron que la reforma a la LOSEP “abre el paso a que los servidores públicos sean despedidos de la noche a la mañana”. También criticaron una disposición transitoria que condona multas tributarias hasta 2025.

Otros colectivos alertaron que, en pocos meses de vigencia, la norma provocó miles de despidos y debilitó la seguridad social. Voceros de organizaciones populares reclamaron que la ley vulnera la libertad sindical y contraviene convenios de la OIT.

Asamblea y Presidencia defienden la constitucionalidad de la norma

La abogada que representó a la Asamblea Nacional defendió el trámite legislativo y señaló que el proyecto cumplió con todas las etapas previstas en la Constitución. Recordó que el Ejecutivo lo calificó como económico urgente y que la exposición de motivos mostró pérdidas de hasta 2,6 % del PIB por corrupción. “La Asamblea puede modificar, aprobar o rechazar el proyecto. No es un trámite decorativo, sino democracia representativa”, subrayó.

Por su parte, la Presidencia sostuvo que la Ley no se limita a contratación pública. Aseguró que busca modernizar la administración estatal y mejorar servicios. El secretario jurídico Stalin Andino afirmó que los derechos laborales no son absolutos y que “la estabilidad ahora está sujeta a resultados”.

Los puntos más cuestionados siguen siendo la evaluación y despido de servidores, así como la transitoria que obliga a convertir cooperativas en bancos. La Corte deberá resolver en las próximas semanas mientras crece la tensión política y social alrededor de la normativa.