¿Descontrol en las cárceles, hacinamiento carcelario, reducción de presupuesto y recurso humano, o falta de una eficiente estructura del sistema de rehabilitación social? Un poco de todo es lo que detona una crisis penitenciaria sin precedentes en Ecuador que, si bien no es reciente, se ha recrudecido en los últimos dos años.
En las últimas 24 horas, en que se produjo la peor masacre dentro de cuatro cárceles del país -con 80 privados de la libertad asesinados a sangre fría-, se decomisó más de 60 objetos cortopunzantes, como cuchillos, machetes, destornilladores, y armas artesanales. Pero esto no es nuevo, en los últimos tres años, 50 personas, entre agentes penitenciarios, policías y hasta directores penitenciarios, fueron detenidas por haber presuntamente ingresado desde celulares, droga, dinero y hasta licor a los centros carcelarios. Según inteligencia policial, estos artículos entran camuflados en el cuerpo, zapatos, chalecos y en vehículos, y son comercializados a líderes de bandas delictivas como Los Choneros y Los Lagartos.
Si hablamos de hacinamiento, es necesario saber que a febrero de 2021, la población carcelaria asciende a 38.693, cuando la capacidad es para 29.746 personas, es decir 8.947 privados de la libertad en exceso (un 30% de más). La cifra llegó a su pico más alto en abril de 2019, cuando el entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (Snai), Ernesto Pazmiño, informaba de 40.096 presos, 24 mil de ellos con sentencia, es decir un 40% de hacinamiento.
En 2007, el país tenía 18.675 internos en las cárceles, reduciéndose a 11.279 en dos años. Pero la cifra fue en aumento desde 2014, cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal, y al menos 70 nuevos delitos, con acumulación de penas incluida, que incrementaron la población carcelaria a 26 mil personas, curva que ha seguido en crecimiento.
Las autoridades atribuyen otras dos causas: el uso indiscriminado de la prisión preventiva y demoras en los trámites de prelibertad.
En el país existen 55 cárceles: 29 centros de rehabilitación social y 26 centros de detención provisional.
La ola de violencia en las cárceles comenzó a detonarse en 2019, año en que el Gobierno Nacional declaró al sistema de rehabilitación social en Estado de Excepción, en mayo por dos meses, con una renovación hasta agosto. En todo el año, se produjo 32 muertes violentas, frente a las 11 de 2018. Y en 2020, con otros dos estados de Excepción, la cifra llegó a 40. Ahora, en 24 horas, hubo 79 asesinatos en cuatro cárceles del país: Centro regional Guayas, Penitenciaría del Litoral, Turi (Cuenca) y Cotopaxi (Latacunga).
La rehabilitación social también ha sentido el impacto de la crisis económica en el país, cuyo presupuesto se vio afectado, no solo en asignaciones sino en despidos, como el registrado en marzo de 2019, cuando 80 ex guías penitenciarios pedían ser reincorporados a sus puestos de trabajo, y argumentaban que la pérdida de la cadena de mando era de una de las razones de la crisis carcelaria. Dos meses después, el Gobierno anunciaba un concurso de méritos para llenar 500 vacantes para esta función, del cual no se conoció sus resultados.
El SNAI admitió el problema y reconoció que para controlar a los 40.000 internos eran necesarios 4.600 guías, pero que únicamente tenían 1.500. En Ecuador, hay un guía para 27 internos.
En cuanto al presupuesto para rehabilitación social, Rafael Correa en su último informe a la Nación daba cuenta de 395 millones de dólares invertidos, desde la creación del ministerio de Justicia, en 2007. Esta entidad fue eliminada en noviembre de 2018, por el presidente Lenín Moreno, quien creó el Snai para encargarse de esta política.
Según un documento de rendición de cuentas de esa institución, desde 2019 hasta este año, se ha destinado 38,3 millones de dólares para readecuar y repotenciar los centros de rehabilitación social, y para proveer y fortalecer las capacidades tecnológicas y equipamiento en general.
Lo cierto es que ninguna fórmula parece funcionar: ni la reubicación de 3.500 privados de libertad entre septiembre y octubre de 2020, ni los cuatro estados de Excepción, ha logrado frenar la violencia en las cárceles del país, menos implementar un sistema de rehabilitación social, cuya rectoría la ejerce el Gobierno central.
