Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Más allá de las implicaciones jurídicas, el escándalo de presunta corrupción derivado del reportaje “El Gran Padrino” difundido por La Posta y hoy investigado por la Fiscalía bajo el nombre de “caso Encuentro”, revela una de las prácticas más recurrentes de nuestra cultura política como es el padrinazgo.
Este fenómeno, salta del mundo de la vida privada al de la esfera pública constituyéndose -no de ahora- en una de las principales formas de relacionamiento político y ejercicio del poder real, que permea a las instituciones formales, desbaratando sus estructuras de autoridad y haciendo que los gobiernos tomen decisiones por fuera de esos espacios.
Y para que esto funcione es necesario que el padrinazgo se sustente -como en la vida privada- en vínculos de parentesco real o simbólico entre el padrino y sus ahijados que se expresan, a su vez, en relaciones de reciprocidad desigual similares a las del clientelismo político.
La diferencia entre el padrinazgo y el clientelismo radica en que, mientras éste último busca favores a cambio de votos durante las elecciones, el primero se sustenta en una red informal más sólida y de largo aliento.
Por ello, es que mientras el clientelismo puede servir para llegar al poder y mantener una base social de apoyo disponible característica de los populismos; el padrinazgo permite colocar a los integrantes de la red en puestos de poder clave, cargos de confianza que permiten, en cambio, asegurar que los intereses corporativistas permanezcan intactos, incluso más allá de los gobiernos de turno.
Esta práctica deslegitima a la democracia ya que convierte a la “cosa pública” en un espacio accesible solo para los “ahijados”, independientemente de si estos cumplen requisitos académicos y de experiencia que los altos cargos de la burocracia demandan.
Quizá desde esta mirada, se puede analizar las desatinadas declaraciones del ministro Santos Alvite sobre la gerencia de Petroecuador e incluso el supuesto papel de Danilo Carrera, cuñado del presidente, en el caso Gran Padrino, que involucra directamente a Hernán Luque Lecaro, ex hombre de confianza del primer mandatario, designado por él como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) mediante decreto ejecutivo No.107 de julio de 2021.
Sin gozar del voto popular en las urnas, padrinos y ahijados ejercen así el poder real en una democracia de papel.
La opinión de Wilson Benavides.