El titular de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, envió oficialmente su propuesta al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Esta lista busca ocupar la vocalía suplente de la presidencia en el Consejo de la Judicatura.
Rodríguez seleccionó a tres perfiles con trayectoria en el sector judicial y público para este proceso de designación:
• Mercedes Caicedo Aldaz: Actualmente se desempeña como jueza dentro de la Corte Nacional.
• Óscar Chamorro González: Integra la Corte de Pichincha como juez en el área laboral.
• María Morejón Villavicencio: Ejerce la subdirección nacional subrogante en la Dirección Nacional de Registros Públicos.
Cabe destacar que la magistrada Caicedo ya participó en procesos previos. Ella integró la terna para la presidencia del organismo en diciembre de 2022, cuando el CPCCS designó a Wilman Terán.
El origen del reemplazo
Esta nueva selección surge tras la salida de Alexandra Villacís. La candidata enfrentó un impedimento legal para ejercer cargos públicos debido a supuestas obligaciones tributarias pendientes. No obstante, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una certificación que descarta cualquier deuda vigente de su parte.
Reacciones en la Corte Nacional
Por otro lado, la decisión de remitir los nombres generó asombro entre los magistrados de la Corte Nacional. Varios jueces solicitaron “prudencia” al presidente Rodríguez durante la tarde previa al envío. Sin embargo, el titular de la justicia ordinaria optó por agilizar el trámite ante el CPCCS para evitar vacíos en la Judicatura.
Alexandra Villacís interpone acción legal tras el envío de la nueva terna
La situación administrativa en la Judicatura dio un giro legal inmediato. Alexandra Villacís, quien aún ostenta la vocalía suplente de la presidencia, presentó una acción de protección con medida cautelar. Esta decisión surge tras el envío de los nuevos candidatos al CPCCS por parte de Marco Rodríguez.
Disputa por inhabilidad laboral
Villacís busca frenar su reemplazo debido a una contradicción administrativa en las instituciones del Estado. Actualmente, el Ministerio de Trabajo mantiene activa una inhabilidad en su contra para ocupar cargos públicos. El sistema registra supuestas obligaciones tributarias pendientes que bloquean su ejercicio profesional.
Contradicciones del SRI
No obstante, la funcionaria cuenta con un respaldo oficial que desmiente dicha mora. El Servicio de Rentas Internas (SRI) certificó formalmente que ella no registra deuda tributaria alguna. Por esta razón, la vocal suplente acude a la justicia constitucional para defender su cargo y denunciar la vulneración de sus derechos.
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