Por: Abel Suing Ruiz, Docente Investigador de Ciencias de la Comunicación de UTPL
Han pasado escasos días de octubre de 2025 y, además de la inseguridad derivada del narcotráfico, la violencia se incrementa en las protestas sociales. Ello evidencia la urgencia de mantener espacios de diálogos para superar la crisis.
Las motivaciones probablemente estén en injusticias, sistemas de explotación y privilegios que benefician a pocos, y en débiles instituciones que perpetúan los malestares que originan conflictos. El predominio de las inequidades y el imperio de la fuerza no son democráticas, imponen intereses de grupos y anulan la diversidad.
El caos denota que el país se aleja de una convivencia sustentada en valores cívicos mínimos, cada día se está más lejos “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, definición que aplica tanto a regímenes ideológicos de derecha como de izquierda. Entonces, entre los pasos urgentes para evitar más descomposición social está el abogar por las bases de la República, una de ellas es la libertad de expresión.
Los sesgos informativos, la censura, las amenazas a periodistas, la desinformación y las prácticas reñidas con la ética permiten que la comunidad esté indefensa, que no cuente con elementos para distinguir los datos que recibe, que acepte como auténticos ciertos criterios y que no forme una opinión pública sólida que cuestione y exija respuestas a los gobernantes. La escasa información de calidad ampara a los delincuentes.
Otra acción que se sugiere es la participación de los ciudadanos, su gestión cívica en la edificación de soluciones, pero lo inmediato es multiplicar las opiniones, las intervenciones en los medios de comunicación, en concreto ampliar la libertad de expresión y brindar las garantías necesarias para que los periodistas sigan en su postulado de búsqueda de la verdad.
La garantía para emitir y recibir información, así como para expresar libremente las ideas está plasmada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este derecho incluso motiva el debate sobre leyes de comunicación, es, por lo tanto, imprescindible para la relación entre personas y para la democracia.
Sin embargo, en la práctica debe bregarse día a día para mantener una comunicación amplia y sin barreras. Se supondría que una condición innata de los seres humanos no admite límites, y que con el apoyo de las tecnologías de información hay más y mejores oportunidades para buscar y publicar datos, noticias y opiniones, pero lamentablemente no es así.
Muchos periodistas, de casi todos los medios, privados y púbicos, han vivido restricciones o censuras, en algunos casos para no contravenir las líneas editoriales y en otros para alinearse a los dogmas de los administradores de las empresas informativas. Además, los bulos difundidos en las redes sociales han provocado alarmantes atentados contra el derecho a la vida.
Frente a este panorama queda recordar y fortalecer los compromisos deontológicos, la búsqueda de la verdad y la protección de las personas. Parecería una reflexión continuada y un lugar común que por frecuente se vuelve inocua, y es allí donde está la génesis de la atrocidad, probablemente de los crímenes de periodistas, que en el fondo son contra la humanidad.
El peligro de deshumanización está latente. Los periodistas son los observadores que dan la alerta, los que cuentan historias y permiten los diálogos sociales, por ello hay que cuidar que estos profesionales gocen de las precauciones necesarias para que anticipen de posibles épocas de obscuridad y deterioro social.




