Los 19 miembros de las Fuerzas Armadas procesados por su presunta participación en la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, quedaron en libertad este jueves. Una jueza de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aprobó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por los abogados de los uniformados y dictó medidas sustitutivas.
Según la decisión judicial, los uniformados deberán presentarse semanalmente ante la autoridad competente y no podrán salir del país mientras continúe el proceso penal en su contra. La medida se adoptó tras una extensa audiencia de apelación, en la que las defensas argumentaron que varios de los imputados no se encontraban de guardia al momento en que ocurrió la evasión.
En contraste, los dos guías penitenciarios involucrados en el caso continuarán en prisión preventiva, al igual que un privado de libertad que también enfrenta cargos por su supuesta colaboración en la fuga.
Alias Fede escapó el pasado 20 de junio de 2025 de la Penitenciaría del Litoral, donde estaba recluido mientras enfrentaba cargos por narcotráfico. Su caso había cobrado notoriedad pública desde enero, cuando fue capturado con más de 700 kilos de cocaína en una urbanización de Daule.
Detalles de la fuga
De acuerdo con las versiones presentadas en audiencia, el plan de fuga se habría activado un día antes del escape. Gómez Quinde, según los testimonios, contactó a otro recluso para suplantarlo y así burlar los controles del centro penitenciario.
La mañana del 20 de junio, se hizo pasar por un preso citado al policlínico, y una vez fuera del pabellón, habría utilizado un uniforme militar oculto en un cajón del consultorio médico para abandonar el recinto sin ser detectado.
La orden de traslado fue enviada por correo electrónico, y una guía penitenciaria fue la encargada de enlistar a los reos citados para atención médica. Todos regresaron a su celda alrededor de las 14:30, excepto Fede. Su ausencia no fue detectada sino horas después.
Durante la audiencia, las defensas de los militares argumentaron que sus representados no tenían responsabilidad directa en los traslados del día y que no existían pruebas suficientes para mantenerlos privados de libertad. Familiares de los militares procesados han realizado protestas y plantones en demanda de un juicio justo y la liberación de los uniformados.
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