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Ministerio de Ambiente retiene más de 480 kilos de musgo y bromelias extraídos ilegalmente

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, cerró la campaña nacional “No arranques la piel de los bosques” con la retención de 482,52 kilogramos de musgo, bromelias y briofitas extraídos y comercializados de forma ilegal en plazas, mercados, ferias y parques de todo el país.

La entidad informó que reintroducirán parte del material retenido a su hábitat natural, luego de una evaluación técnica. Sin embargo, más de 300 fundas identificadas con marca no podrán ser restituidas, ya que el musgo fue pintado para simular material plástico, lo que impide su recuperación natural.

Las acciones de control se desarrollaron de manera simultánea en varios puntos del territorio nacional, identificados como zonas de comercialización informal. Los operativos se ejecutaron de forma articulada entre personal técnico del MAE y la Policía Nacional, e incluyeron la retención de flora silvestre, la verificación de permisos de transporte y el control de la venta informal en espacios públicos.

Entre 2021 y 2024, el Estado ecuatoriano retuvo 1.055,44 kilogramos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio ilegal, una cifra que evidencia la persistencia de esta práctica y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.

El MAE recordó que el musgo, las bromelias y las briofitas no son elementos decorativos, sino componentes esenciales de los ecosistemas. Estas especies cumplen funciones clave como la regulación del recurso hídrico, la captura de agua de neblina, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversas especies de fauna. Su extracción indiscriminada afecta directamente la salud de los bosques, especialmente en zonas altas y frágiles.

La cartera de Estado reiteró que la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre constituye una infracción ambiental. La normativa vigente establece penas privativas de libertad de uno a tres años, además de multas que pueden alcanzar hasta los $ 92.000.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Energía ratificó su compromiso con el control permanente y la protección estricta de los ecosistemas y la biodiversidad del país.

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