“Estamos frente a una situación donde es evidente la falta de control del gobierno en temas como seguridad, delincuencia y posibles situaciones de corrupción estructural en la función judicial”, lamentó María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Sin embargo, enfatizó que, si bien esta problemática no nació en el actual gobierno, tampoco lo soluciona.
“No es atribuible al gobierno actual lo que está pasando; pero, pretende de manera infantil libertarse de responsabilidad en algo que le toca empezar solucionar”, indicó. Así, dijo que, aunque ya ha pasado un año de los amotinamientos, el incremento a la violencia y la falta de transparencia en la función judicial, el gobierno no tiene un plan claro con una política pública. Además, no tiene opciones estratégicas que ayuden a solventar la situación. “Creo que es evidente que al gobierno se le está yendo de las manos”, recalcó.
La solución del gobierno
De acuerdo con la jurista, ante la problemática de inseguridad, la mejor solución que encontró el gobierno es crear un chivo expiatorio: la Corte Constitucional (CC); además, adjudicar los problemas de la seguridad a aparentes fallos del sistema de justicia.
Miño destacó que la CC es la institución más respetada en Ecuador y a nivel internacional. A través de fallos, garantiza derechos a las personas privadas de la libertad; sin embargo, se le culpabiliza de fallos en el sistema de justicia ordinaria, que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, y de la inseguridad, que le corresponde al Ejecutivo.
La postura de otros organismos
Miño destacó que la Fundación para el Debido Proceso Legal alertó que existen diferentes sectores que se han unido en una cruzada de desprestigio, hostigamiento y presión a la CC. Así, criticó que dentro de esos sectores están el poder público como el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. «A través de Villavicencio están ayudados por abogados de alto perfil mediático».
La abogada indicó que la alerta de la Fundación evidencia que hay una situación que compromete a la independencia judicial. Además, lamentó que este embate contra la CC se da porque los jueces constitucionales gozan de credibilidad, imparcialidad e independencia que incomoda al poder político.
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