El presidente Daniel Noboa envió este martes a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley urgente en materia económica. Se trata de la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, cuyo objetivo es implementar mecanismos de innovación en la contratación Pública.
La propuesta busca «optimizar el desarrollo sostenible y equitativo; erradicar la corrupción en compras públicas; mejorar la eficiencia del sector público; y, fortalecer el tejido social, financiero y económico de las y los ecuatorianos al garantizar que los bienes y servicios públicos satisfagan sus necesidades».
El documento, que fue ingresado por el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, establece que las disposiciones de la Ley son de aplicación obligatoria en toda la Administración Pública, que comprende:
- Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia
Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y
la Corte Constitucional; - Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales;
- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado; - Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos; y, - Todas aquellas determinadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable
Además, están sujetos a las disposiciones de la presente ley todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
El Ejecutivo reiteró que la ley tiene como finalidad garantizar una administración pública eficiente, ágil y orientada a resultados, mediante la optimización del uso de los recursos del Estado, fortaleciendo la planificación institucional y asegurando la prestación oportuna, transparente y de calidad de los servicios a la ciudadanía.
Las reformas plantean un nuevo modelo que prioriza la planificación estratégica de compras públicas, el uso intensivo de tecnología en la gestión contractual y la aplicación de criterios de economía, eficacia y eficiencia en todas las fases del proceso.
La Presidencia precisó en un comunicado que, de esta manera, se optimizan y ahorran los recursos públicos, se eliminan duplicidades, se simplifican procedimientos y se orienta la contratación pública a la obtención de resultados concretos en la prestación de servicios a la ciudadanía.
La Asamblea Nacional tendrá 30 días para pronunciarse dado el carácter urgente económico.
Primero pasará la revisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego se enviará a una comisión especializada para su tratamiento.
En el Parlamento ya se tramita el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno que también fue enviado con carácter económico urgente.
Este martes la Comisión de Desarrollo Económico aprobará el informe para el primer debate. Está previsto que el debate el Pleno se desarrolle el viernes 30 de mayo.
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