El presidente Daniel Noboa dispuso la renovación por 30 días adicionales del estado de excepción, por grave conmoción interna en varias zonas del país. La medida abarca a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como a los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía.
La decisión se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo 311, firmado este sábado, 28 de febrero, en el que se establece que las condiciones que motivaron la declaratoria inicial persisten y requieren la continuidad de acciones extraordinarias para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Persistencia de violencia y crimen organizado
De acuerdo con los fundamentos del decreto, informes de inteligencia y seguridad señalan que en estas jurisdicciones se mantiene una dinámica sostenida de violencia vinculada a estructuras delictivas organizadas, con capacidad logística y armamentística que continúa afectando la estabilidad institucional y la convivencia social.
El documento señala que, pese a las acciones implementadas por las fuerzas del orden, las amenazas no han sido neutralizadas de manera estructural, lo que obliga al Estado a mantener medidas excepcionales para contener el avance de economías ilícitas, disputas territoriales y actos de intimidación contra la población y autoridades.
Suspensión de derechos específicos
Como parte de la renovación del régimen excepcional, el Ejecutivo dispuso la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las zonas bajo estado de excepción, con el objetivo de facilitar operaciones de seguridad y recopilación de información estratégica en la lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo con el Gobierno, estas medidas buscan permitir intervenciones más ágiles frente a estructuras delictivas que operan con altos niveles de movilidad y capacidad de evasión.
El decreto también encarga al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior y a las fuerzas de seguridad la ejecución coordinada de acciones destinadas a restablecer las condiciones mínimas de seguridad y preservar el orden público en los territorios priorizados.
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