El presidente Daniel Noboa firmó este sábado el Decreto Ejecutivo 152, con el cual derogó el 148, emitido un día antes, donde convocaba a consulta popular para instalar una Constituyente, y cuya aplicación fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional.
Simultáneamente, Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 153, mediante el cual vuelve a convocar a consulta popular, esta vez bajo un texto fundamentado en el artículo 444 de la Constitución, con el objetivo de que la ciudadanía se pronuncie sobre la conformación de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución de la República
La pregunta planteada en el decreto es la siguiente:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
Estatuto de la Asamblea Constituyente
El Decreto 153 incorpora un Estatuto de 24 artículos, que regula la elección, instalación y funcionamiento de la futura Asamblea Constituyente:
- La Asamblea estará integrada por 80 asambleístas: 52 provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior.
- Tendrá una duración de 180 días, prorrogables por 60 más.
- Trabajará en 8 mesas temáticas, entre ellas derechos fundamentales, justicia, régimen económico, ambiente y descentralización.
- Sus decisiones estructurales deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de sus miembros.
- El proyecto de nueva Constitución deberá ser sometido a referéndum aprobatorio.
Noboa justificó la medida señalando que el país atraviesa una crisis de seguridad, institucional y social, y que solo un nuevo pacto constitucional puede “restaurar la paz, garantizar gobernabilidad y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones”.
De acuerdo con el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio del período electoral y, “desde este momento, ninguna otra institución tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen”, señaló un comunicado oficial.
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