El mandatario extendió la medida por 30 días más. Según el Ejecutivo, la decisión se debe a la persistencia de hechos violentos y la actividad de organizaciones criminales.

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones de Ecuador, debido a la persistencia de hechos violentos y la actividad de organizaciones criminales.

La medida consta en el Decreto Ejecutivo 472, suscrito este viernes, 14 de agosto, en Guayaquil. El estado de excepción continuará vigente en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También se mantiene en La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Estado de excepción no contempla toque de queda

La renovación mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las jurisdicciones señaladas.

Además, permite el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional, así como la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito cuando las operaciones de seguridad lo requieran.

El decreto establece que militares y policías deberán actuar dentro de las limitaciones establecidas en la medida y bajo los parámetros de la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La renovación no establece toque de queda, por lo que no existen restricciones generales de movilidad por horarios derivadas de este decreto.

Gobierno señala que persiste la amenaza criminal

El Ejecutivo justificó la extensión al señalar que continúan las circunstancias que motivaron la declaratoria inicial, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 423 del 16 de junio de 2026.

Los informes citados por el Gobierno describen una violencia organizada y sistemática, protagonizada por estructuras criminales que mantienen capacidad operativa, logística y presencia territorial.

Entre el 1 de julio y el 5 de agosto, las jurisdicciones bajo estado de excepción registraron 238.404 emergencias, según datos incluidos en el decreto. De ese total, el 68,3 % correspondió a servicios relacionados con seguridad ciudadana.

El ECU 911 contabilizó 81.711 emergencias relacionadas con el estado de excepción, entre ellas 346 vinculadas con muertes violentas y 1.109 asociadas con tenencia, consumo y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

Más de 5.000 indicios balísticos levantados

Los reportes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también evidencian el nivel de violencia registrado en estas zonas. Entre el 1 de julio y el 5 de agosto, las autoridades levantaron 5.135 indicios balísticos. Según el decreto, el 72,18 % estuvo relacionado con una o varias muertes.

Las pistolas y subfusiles calibre 9 milímetros representaron el 81,27 % de los registros de armamento mencionados en el documento. También se reportó el uso de fusiles, ametralladoras, granadas, dinamita y otros explosivos.

El Gobierno sostiene que las operaciones de seguridad han permitido contener la capacidad de las organizaciones criminales. Sin embargo, considera que estas estructuras mantienen posibilidades de adaptación y expansión.

Según el Ejecutivo, suspender el despliegue militar podría facilitar una recomposición de los grupos delictivos y provocar un deterioro del control territorial.

La extensión se produce al finalizar el período original de 60 días dispuesto en junio. La Constitución permite renovar un estado de excepción por hasta 30 días adicionales cuando persisten las circunstancias que motivaron su declaratoria.

El decreto también ordena notificar la decisión a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización de los Estados Americanos (OEA).