Unas 8.000 personas permanecen sin acceso a agua potable en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, luego de que grupos armados perforaran el poliducto Shushufindi–Quito para extraer combustible de manera ilegal.
El sabotaje, ocurrido el domingo, 27 de julio, provocó un derrame que se extendió a lo largo de 20 kilómetros, afectando gravemente al río Cristal, principal fuente de abastecimiento hídrico de la zona. Según informes técnicos, el afluente presenta una alta concentración de hidrocarburos, lo que ha contaminado redes de captación, tanques reservorios y ductos municipales.
La situación fue detectada inicialmente por pobladores que reportaron fuertes olores químicos en el agua de los grifos. Silvia Cachago, vecina del sector, relató al canal Ecuavisa que tras beber un vaso de agua, notó un sabor químico intenso. La contaminación ha provocado la muerte de peces, como sardinas y guañas, así como la presencia de animales silvestres inmóviles en la orilla del río, cubiertos por una película blanca de combustible.
Ante la emergencia, las autoridades locales —junto a Petroecuador, las Fuerzas Armadas, cuerpos de bomberos y Gobiernos Autónomos Descentralizados— activaron un operativo de distribución de agua en camiones cisterna, abasteciendo a las comunidades con apoyo de plantas ubicadas en Cascales, Lago Agrio, Puerto Libre y Flor del Valle.
El Ministerio de Salud, junto con organizaciones sociales y el municipio, realiza brigadas de atención en sectores como El Cisne Amazonas, Lumbaquí, Piedra Bola y Bella Esperanza, donde ya se reportan casos de irritación en la piel y malestares estomacales entre la población, según confirmó Génesis Almeida, vocera de un colectivo ciudadano.
Una inspección técnica municipal determinó la existencia de una franja de contaminación entre las localidades de Amazonas y Lumbaquí. El municipio ha denunciado el hecho como un delito ambiental y calcula que el proceso de limpieza y rehabilitación tomará al menos 15 días.
El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, Darwin Azes, informó que el costo estimado de la remediación supera los USD 500.000, monto que actualmente el cabildo no tiene capacidad de cubrir. Petroecuador, por su parte, indicó que se han instalado puntos de control y se han realizado análisis de agua y suelo en conjunto con el Ministerio del Ambiente, aunque hasta el momento no se ha revelado la cantidad exacta de combustible derramado.
La emergencia pone en evidencia el alto riesgo que enfrentan los sistemas de infraestructura crítica en zonas vulnerables a actividades ilícitas, así como la urgente necesidad de coordinación interinstitucional para responder a desastres ambientales.
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