Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
La posible censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional, está condicionada por la renovación de las autoridades internas de la Función Legislativa, prevista -por mandato constitucional- para el próximo 14 de mayo.
Conseguir o evitar los 92 votos necesarios para sacar del poder al jefe de Estado, aplicando el artículo 129 de la Constitución, se convierte tanto para el gobierno como para la oposición en el principal punto de negociación entre los distintos bloques políticos.
De allí, se entiende los sendos comunicados que las bancadas del PSC, RC, Pachakutik y del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN) han emitido esta semana, denunciando en unos casos y descartando en otros, una posible “compra de votos” promovida por el gobierno al interior del Parlamento.
En la práctica, sin embargo, la suerte del primer mandatario se definiría por las ambiciones personales de algunos legisladores que buscan mantener sus cargos de autoridad en la Asamblea como la presidencia, las dos Vicepresidencias o el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también las presidencias y vicepresidencias de las 15 Comisiones Legislativas Especializadas Permanentes, las dos Comisiones Ocasionales e incluso los Grupos Parlamentarios.
Pero todas estas negociaciones están supeditadas a las ambiciones personales de varios legisladores. Esteban Torres Cobo, hijo del ex asambleísta Luis Fernando Torres y actual coordinador de la bancada del PSC, por ejemplo, pretendería ocupar la Presidencia de la Asamblea para los últimos dos años y con ello, lograr lo que -en su momento- su padre no consiguió.
Lo mismo sucedería con el actual titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, quien -según varios de sus colegas- asegura que cuenta con al menos 8 votos para el juicio político contra Lasso, siempre y cuando reciba el apoyo del resto de bancadas para reelegirse en ese cargo.
En el impredecible bloque de Pachakutik, la legisladora Mireya Pazmiño, quien es además una de las promotoras del enjuiciamiento político, está cada vez más cerca de la bancada RC, a diferencia de las facciones de esa bancada lideradas por Mario Ruiz y Salvador Quishpe o de las contradictorias posiciones del legislador Ricardo Vanegas, quienes sin embargo, ya habrían llegado a un consenso en torno a respaldar el juicio contra el presidente.
Caso aparte es el del legislador, Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización y principal operador político del gobierno en el Parlamento, quien -haciendo una interpretación extensiva de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del Código Orgánico General de Procesos- está solicitando la individualización de las pruebas, pese a tener el dictamen de la Corte Constitucional. Al parecer, buscaría alargar los plazos para que coincidan con la reestructuración interna de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la composición inicial de los bloques parlamentarios elegidos en los comicios generales de 2021, la RC cuenta con 47 legisladores, seguida de PK con 25, el BAN con 22, la ID con 15, el PSC con 15, y 13 independientes.
En la práctica, sin embargo, la mayoría de estos bloques no son monolíticos y a lo largo de estos dos primeros años de gestión, varios se han ido desgranando o están abiertamente fraccionados como la ID y PK o incluso el propio PSC que de entrada perdió dos legisladores.
Luego del paro nacional de junio de 2022, la Asamblea intentó aplicar el artículo 130 de la Constitución para destituir al presidente por grave conmoción interna, alcanzando 80 de 92 votos requeridos. En esa coyuntura, fue la bancada socialcristiana la que se abstuvo y con ello bloqueó esa opción.
Tras el escándalo mediático por la publicación del reportaje “Gran Padrino”, la Asamblea integró una comisión para investigar el tema y su informe, que recomendó llevar a juicio político al primer mandatario, alcanzó las 104 voluntades. Sin embargo, la petición formal para iniciar oficialmente ese proceso, alcanzó las 59 firmas de respaldo, en las que únicamente el bloque de la RC completo.
En este escenario, donde el jefe de Estado podría acudir a la justicia para favorecerse de algún recurso que dilate o bloquee su enjuiciamiento, la operación política, de lado y lado, ya está en marcha.
La opinión de Wilson Benavides.
