Las intervenciones simultáneas buscan decomisar armas y capturar a sospechosos de actividades criminales en sectores estratégicos. El despliegue militar apoya las acciones de control territorial y registros de viviendas.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron múltiples allanamientos simultáneos durante la novena jornada del toque de queda. Esta medida de restricción rige actualmente en el país por disposición de la Presidencia de la República.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a domicilios y establecieron puntos de control para localizar armamento y sustancias ilegales. Estas acciones operativas apuntan a desarticular estructuras delictivas y reducir los índices de violencia.

Despliegue en puntos críticos y provincias

Los uniformados instalaron filtros de seguridad denominados “checkpoints” en vías estratégicas de diversas localidades. Agentes policiales y militares verificaron documentos de identidad y registraron vehículos de forma exhaustiva.

Las intervenciones se focalizaron en zonas de alta conflictividad como Pascuales, en Guayaquil, y el cantón La Maná, en Cotopaxi. En estas áreas se intensificaron los patrullajes preventivos para mitigar amenazas criminales.

El control territorial busca limitar la movilidad de grupos delictivos durante el horario de restricción vigente. La presencia estatal se mantiene activa en las provincias donde la medida de excepción tiene mayor impacto.

Balance de la primera semana de intervenciones

El reporte policial con corte al 10 de mayo registra un total de 1.735 personas detenidas a nivel nacional. La mayoría de las capturas se concentran en nueve provincias y cuatro cantones priorizados por seguridad.

Del total de aprehendidos, 1.092 ciudadanos incumplieron la restricción de movilidad impuesta por el Ejecutivo. Otros 643 individuos enfrentan cargos por delitos como tráfico de drogas, extorsión y porte ilegal de armas.

La institución destacó que 412 detenidos mantienen presuntos vínculos con bandas criminales organizadas. Este resultado debilita la capacidad logística y operativa de las estructuras delictivas que operan en el país.