La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció una Asamblea General para el próximo 29 de agosto en la que participarán organizaciones sociales, sindicales e indígenas para definir las acciones. Reiteraron también el rechazo a la negativa del CNE sobre la revocatoria del mandato de Daniel Noboa.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, anunció este miércoles la convocatoria a una Asamblea General de organizaciones sociales, sindicales, indígenas y populares para el próximo 29 de agosto, con el propósito de definir un plan de movilizaciones y fortalecer la unidad frente a la situación política y económica que, según afirmó, atraviesa el país.

Quishpe señaló que la convocatoria responde a temas como el alza de pasajes, el alto costo de la vida, el autoritarismo y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar el trámite para la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

Convocarán reuniones previas

El dirigente indicó que antes de la asamblea se desarrollarán encuentros preparatorios entre las distintas organizaciones. No obstante, explicó que los lugares de esas reuniones no serán difundidos públicamente.

“Vamos a desarrollar reuniones previas entre distintas organizaciones. Por los procesos de persecución y criminalización nos reservamos los lugares de esas reuniones previas”, manifestó. Añadió que la asamblea se realizará, con alta probabilidad, en la ciudad de Quito.

Durante su intervención, Quishpe criticó al Consejo Nacional Electoral, al considerar que actuó para impedir el proceso de revocatoria del mandato.

El dirigente sostuvo que las instituciones del Estado “le han cerrado la puerta democrática” a la ciudadanía y afirmó que corresponde a los ecuatorianos decidir, mediante las urnas, la permanencia del presidente en el cargo.

Asimismo, cuestionó que el CNE rechazara la documentación presentada para sustentar la solicitud de revocatoria y aseguró que la organización entregó documentos, evidencias y enlaces para respaldar su pedido. Según Quishpe, el organismo electoral actuó como “juez y parte” al resolver el proceso.