Horas después del anuncio del Gobierno nacional sobre la fusión de ministerios y entidades públicas, y la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios, varias organizaciones sociales y sindicatos expresaron su rechazo a dichas medidas.
La noche del 24 de julio, la portavoz del Gobierno Carolina Jaramillo informó que, a través del reglamento a la Ley de Integridad Pública, se reducirá en un 41% la estructura de ministerios y secretarías.
Conaie
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) calificó la decisión del presidente Daniel Noboa como un “modelo de despojo” e hizo un llamado “urgente a la unidad de las fuerzas sociales”.
Aseguró que el despido masivo de al menos 5.000 funcionarios de las distintas entidades estatales “afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos”.
“La reducción del Estado perjudica a la mayoría, promueve privatizaciones y favorece a los poderosos, que harán lo que les dé la gana, seguirán sin pagar impuestos y no habrá Estado que pueda cobrarles ni limitar sus abusos”.
Unión Nacional de Educadores (UNE)
En una entrevista con el medio La Posta, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que existe una mala gestión de los recursos del Estado. Las leyes no son para “castigar al sector público”, aseguró la mañana de este 25 de julio; y precisó que los servidores públicos no se oponen a la evaluación.
En horas de la tarde del 24 de julio, previo al anuncio de la vocera de Carondelet, Quishpe ya advirtió sobre el despido masivo de funcionarios, incluso antes de implementarse las evaluaciones a los funcionarios públicos establecidas en la Ley de Integridad Pública. La UNE mantiene firme la convocatoria para la movilización del 7 de agosto.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, advirtió que en los próximos días se concretarán más desvinculaciones. Por ello, las organizaciones sociales convocarán a una convención nacional para tomar decisiones.
Casa de la Cultura Ecuatoriana
A través de su cuenta de X, la Casa de la Cultura Ecuatoriana manifestó “profunda preocupación y rechazo por el retroceso que esta medida implica para las luchas históricas de un sector constantemente relegado y debilitado por los gobiernos de turno”.
Además, hizo un llamado a sumarse a las acciones de defensa y convocó a las asambleas provinciales para definir acciones.
Mujeres contra el ajuste
El colectivo ‘Mujeres contra el ajuste’ se pronunció respecto del despido masivo de 5.000 servidores públicos, así como de la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil.
Esta organización también denunció que la fusión del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Energía y Minas es un “ataque a las comunidades a poblaciones campesinas, indígenas, montubias rurales, afrodescendientes amenazadas por actividades extractivas”.
Entre las acciones que tomó el colectivo está: resistencia, vocerías publicas y territoriales, y la unidad de los sectores sociales.
Yasunidos
A juicio del colectivo Yasunidos, la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas ataca directamente su misión fundacional.
En su cuenta de la red social X, Yasunidos publicó: “¿Cómo puede el órgano encargado de frenar el extractivismo estar subordinado ahora a quien lo promueve? ¿Quién velará por los derechos de la naturaleza cuando estos entren en conflicto con la minería o el petróleo?”.
Amazon Frontlines
Amazon Frontlines, organización que colabora con pueblos indígenas de la Amazonía principalmente en Ecuador, Perú y Colombia, señaló que el nuevo decreto de Noboa “dispone medidas regresivas que afectan derechos de varios sectores sociales y territoriales”.
Además, indicó que “es regresiva” respecto de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente y “nos regresa a un pasado donde el derecho al ambiente no existía o era una quimera, y el país no entendía lo que significa la política ambiental ni el respeto a los derechos colectivos y de la naturaleza”.
Este 25 de julio, ya inició la notificación oficial de desvinculación a funcionarios públicos, como parte del “plan de reestructuración” impulsado por el Gobierno.
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