Una nueva acción pública de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Constitucional este miércoles contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Geovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, acudió al organismo para impugnar la norma tanto por la forma como por el fondo. Según señaló, el Gobierno no ha justificado una supuesta urgencia económica y la reforma atentaría contra la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), además de vulnerar derechos de la población.
Además, solicitó medidas cautelares para que se suspendan de manera inmediata los efectos de la reforma mientras se resuelve la demanda.
UNE y organizaciones sociales también impugnan la ley
Un día antes, la Unión Nacional de Educadores (UNE), junto a organizaciones sociales de Quito y el Frente Popular, presentó otra acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD.
El presidente del gremio, Andrés Quishpe, sostuvo que la norma traslada el peso del ajuste fiscal a sectores vulnerables. A su criterio, la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a capacitación y proyectos sociales —como las conocidas partidas 71 y 78— comprometería programas municipales.
Entre los posibles afectados mencionó iniciativas como el programa “60 y Piquito” y los Centros de Desarrollo Infantil en Quito, así como casas de acogida y escuelas deportivas comunitarias. También ratificó una jornada de protesta nacional prevista para el 13 de marzo.
¿Qué establece la reforma al COOTAD?
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada por disposición del presidente Daniel Noboa, obliga a los GAD a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y servicios básicos.
El Ejecutivo podrá aplicar reducciones a las transferencias si los municipios o prefecturas no cumplen con ese indicador. Actualmente, las asignaciones pueden alcanzar hasta el 21% de los ingresos permanentes del Estado, con un piso mínimo constitucional del 15%.
El Gobierno argumenta que en 2024 la inversión promedio en obras básicas fue de 39% y que existe un desequilibrio estructural por financiamiento externo superior a USD 16.055 millones, además de un incremento en gasto administrativo y eventos sociales.
Para los demandantes, la reforma no constituye únicamente un ajuste técnico, sino un cambio que podría afectar derechos sociales relacionados con educación, atención a grupos vulnerables y prevención de violencia.
La Corte Constitucional deberá analizar ahora si la reforma vulnera principios de autonomía territorial y derechos consagrados en la Constitución.
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