El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó de «persecución y cálculo político» al proceso de revocatoria del mandato activado en su contra por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y denunció que ese proceso carece de fundamento legal.
A través de su red social X, Muñoz insistió en que ese proceso, que amenaza con su destitución del cargo, es «una barbaridad jurídica», dijo.
Según el alcalde quiteño, militante de Revolución Ciudadana (RC), este proceso se basa en una infracción electoral por la cual ya fue multado por el mismo TCE.
Muñoz explicó que la causal de «incumplimiento de funciones» no ha sido sostenida.
Además, dijo que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma infracción y él cumplió con la sanción, pese a que la consideró injusta.
El burgomaestre señaló que el pedido de iniciar el proceso de revocatoria fue rechazado en forma unánime por los consejeros del CNE y luego por un juez del TCE.
El viernes, 14 de marzo, con tres votos a favor, el Pleno del TCE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), entregar en el plazo de 15 días los formularios para la recolección de firmas y activar el proceso de revocatoria de mandato del alcalde Muñoz.
El TCE dejó sin efecto una sentencia previa del juez Joaquín Viteri al respecto y dio paso al proceso solicitado por Néstor Marroquín.
La causal para dicha solicitud es el presunto incumplimiento de funciones, lo cual está sustentado en la sentencia del propio TCE que sancionó a Muñoz por inducir al voto en el ejercicio de sus funciones.
El proceso comenzó el 5 de agosto de 2024, cuando el colectivo ciudadano Cuida tu Voto dio el primer paso para pedir la revocatoria de mandato de Muñoz.
Néstor Marroquín, a título personal, ingresó la solicitud a la Delegación Electoral de Pichincha.
La razón para este pedido fue que Muñoz, en las elecciones presidenciales de 2023, apareció promocionando en redes sociales la candidatura de Luisa González, de la Revolución Ciudadana.
El alcalde Muñoz ya fue sancionado por esta causa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y sentenciado a pagar una multa de USD 9.200, equivalente a 20 salarios básicos unificados y a ofrecer disculpas públicas.
Marroquín aseguró que la revocatoria del mandato no significa una doble sanción para el alcalde, porque la primera se trata de una sanción administrativa dictada por jueces electorales, en tanto que en la revocatoria la ciudadanía se pronuncia.
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