La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó, con 79 votos favorables, 22 de las 29 objeciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Armas y ahora la normativa pasará al Registro Oficial para su aplicación.
El Legislativo determinó que “las objeciones realizadas por el Presidente Daniel Noboa, el pasado 12 de septiembre, son precisas y buscan enriquecer, en su forma y fondo, el texto del articulado”, detalló el Pleno.
Para el legislador Diego Matovelle, ponente del informe, las objeciones del Ejecutivo ayudan a clasificar la tipología de armas y municiones de uso militar, policial y de la seguridad penitenciaria, a su vez clarificar las competencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su rol de control armamentístico.
Con las objeciones, sólo los centros de capacitación autorizados por el ente rector de la defensa nacional podrán emitir certificados de destreza en el manejo y uso de armas, garantizando su autenticidad y el elevado nivel de formación técnica de quien lo obtenga.
La Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, fue aprobada por la Asamblea el pasado 13 de agosto, sin embargo, Noboa propuso incorporarles mejorías en temas como la implementación de un sistema de trazabilidad para mantener el control de todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
De igual manera, en el veto el Ejecutivo introdujo textos con el objetivo de perfeccionar lo referente a las armas de uso militar y policial, al agregar varios artículos al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
En abril de 2023, el entonces gobernante Guillermo Lasso anunció tres medidas para combatir la inseguridad en el país y la principal fue la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal.
En esta nación sudamericana está vigente una declaratoria de conflicto armado interno desde el pasado mes de enero, medida con la cual el actual mandatario, Noboa, busca frenar el alza de la inseguridad y el crimen organizado, por lo cual calificó como terroristas a una veintena de bandas criminales.